James Anaya es un hombre conocido en el mundo del relacionamiento con comunidades. No sólo en su carrera como académico en la Universidad de Arizona, también por su rol como Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. 

Del trabajo que desarrolla para la ONU son conocidos sus informes sobre el estado de la situación en distintos países del mundo. En su sitio web es posible leer sobre El Slavador, Namibia, Argentina, Nueva Zelanda, hasta Chile.

Sobre nuestro país, su último informe data del año 2009. Pero ahora Anaya vuelve nuevamente. Por una parte, a ser el principal orador del primer encuentro del año de Pacto Global y, por la otra, a reunirse con autoridades y pueblos indígenas para recabar información sobre un nuevo reporte.

Sobre el encuentro, "Empresas y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas", es el próximo martes 15 de abril a las 8:30 en el hotel Intercontinental.

¿De qué va a hablar cuando venga a Chile?

-Voy a hablar sobre mi informe "Industrias extractivas y pueblos indígenas" y también sobre cuestiones de consulta. Cuestiones internacionales, sobre aspectos que están en el Convenio 169 y algunas de las cuestiones puntuales que tienen que ver con la consulta. Además, voy a sostener una serie de conversaciones con organizaciones indígenas y también con entidades gubernamentales para ver cómo se está avanzando en estos temas y cuáles son las iniciativas del gobierno y cuáles son las preocupaciones de los pueblos indígenas. Estas conversaciones van a contribuir a un estudio que estoy haciendo ahora sobre las legislaciones a nivel del continente que se están elaborando para regular los procesos de consultas.

¿Cuál es el objetivo de ese informe?

- Dar algunas orientaciones, porque hay dificultades que los países están encontrando, al elaborar legislaciones sobre la consulta.

Anaya cuenta que el informe se dará a conocer este año y que la idea es mejorar los procesos de consulta. Sobre el punto, no obstante, no quiso extenderse respecto de las críticas que la OIT formuló al estado chileno. Dijo que de este tema lo hablaría directamente con la autoridad y las comunidades.

No obstante, sí conversó en esta entrevista sobre los aspectos que hoy son de interés en materia de las relaciones con las comunidades indígenas. 

En general las comunidades indígenas, enfrentan una realidad asimétrica. ¿Cómo lo ha hecho en su trabajo para emparejar un poco esa situación?


-Depende del contexto. Si se trata de un proyecto de inversión específica. Depende. Siempre es importante que la información se entregue a todas las partes. Que haya completo acceso a la información, asesoría independiente y, si corresponde, si se trata de cuestiones técnicas, que tengan asesoría independiente, que los tiempos sean adecuados. Que no haya presión, que en la conversación la parte indígena realmente pueda incidir en las decisiones. Y no solamente sea parte de un proceso de información de una decisión ya determinada.

¿Para el desarrollo de conversaciones con una empresa, qué es lo que mejor funciona según su experiencia?

-Depende de qué se trata, de nuevo. Si es una propuesta de la empresa o si es una decisión del Estado sobre un permiso que se le va a dar a la empresa. Si se trata de un permiso o concesión, el Estado debe estar ahí y jugar un papel en que no solamente es el promotor del proyecto, sino que promueve algo para el interés público, sentando las bases para una conversación adecuada. El Estado puede jugar un papel de nivelar las situaciones de poder entre las partes. Entre la parte indígena y la parte empresarial. Pero también corresponde lo que ya he dicho, que los pueblos indígenas tengan información completa, que tengan asesoría independiente igual como la tienen las empresas. Ellos tienen abogados, lo que sea, y la parte indígena también debería tener ese apoyo y que respondan a ellos. Y deberían tener acceso a recursos necesarios para poder asistir a estos procesos. Hay partes del mundo donde gobiernos y empresas crean un fondo que es administrado independientemente y los pueblos pueden de ahí tener los recursos para poder participar efectivamente. Es algo que hay que atender con mucho cuidado. Crear confianza entre las partes es clave y el gobierno tiene que escuchar y tal vez capacitarse.

Hay casos concretos que se pueda contar de un buen proceder en estas materias?

-Hay tantas distintas experiencias en tantas partes. Las que son exitosas es cuando la decisión no está predefinida. Cuando realmente se está abierto de la parte que es promotora de la decisión. Que haya participación, no simplemente llegar a la parte indígena a decir esto es lo que vamos a hacer. Y que ellos digan sí o no, porque se les presiona a decir sí. Que haya realmente un diálogo en que se establece una decisión consensuada, donde se refleje los aportes de la parte indígena y también hay que tener un enfoque práctico.

Muchas veces se habla de manera muy abstracta. Se habla de qué significa esta disposición del convenio 169 de forma muy abstracta. Se discute qué es la afectación, qué es eso y se pasa mucho tiempo hablando de eso, cuando creo que en los textos reales, hay explicaciones suficiente y no merece caso discutirlo. Eso aplica a todas las partes. Hay que verlo como un enfoque práctico.