Japón se comprometió a revisar su sector eléctrico después de que el gabinete del primer ministro, Shinzo Abe, aprobara un plan para separar las empresas de servicios de transmisión y generación y abriera el mercado de electricidad residencial a la competencia.
Los cambios del primer ministro, que serán implementados dentro de cinco años a partir de 2015, marcan la mayor reestructuración de la industria desde los '50, cuando Japón dividió a su proveedor eléctrico nacional en 10 empresas regionales. La medida refleja los drásticos cambios en la industria energética del país desde el accidente nuclear de Fukushima de marzo de 2011.
Según los expertos, las empresas y la economía tienen mucho que ganar de la mayor competencia, ya que el alto costo de la electricidad es visto por muchos como un desincentivo para invertir en Japón.
Incluso antes de que el desastre de Fukushima provocara el cierre de la mayoría de las plantas nucleares de Japón, elevando los costos de generación, las tarifas de la electricidad eran el doble que las de EEUU y el triple que las de Corea del Sur.
"Esta reforma apunta a todo el sistema, desde la generación hasta el consumidor. "Más posibilidades de elección deberían traducirse en menores tarifas", aseguró el ministro de Industria, Toshimitsu Motegi. Las propuestas para impulsar la competencia han sido resistidas por mucho tiempo por empresas políticamente influyentes. El desastre de Fukushima debilitó su poder de lobby, aunque intensificó la presión por reducir los precios, aunque eso no ha evitado que intenten desacelerar el proceso del cambio, sostienen los críticos.
El plan aprobado ayer arrojó señales de haber sido protegido de manera discreta, pero potencialmente importante, por políticos cercanos a la industria. La propuesta original de la administración decía que el gobierno "presentará" una ley al parlamento en el año fiscal 2015, ordenando la división de la generación y la transmisión.
Pero un comité del partido conservador liberal de Abe, desde hace tiempo un defensor de las empresas de servicios, cambió las palabras a "alrededor de 2015".
También se agregó una cláusula, dirigida al gobierno, para garantizar la "estabilidad" de los suministros de electricidad, antes de permitir nuevos actores en el mercado, algo que los críticos dijeron que podría crear obstáculos para la liberalización. La división de empresas eléctricas regionales es vista como el precio a cambio del apoyo gubernamental en Fukushima.
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