La agenda medioambiental del Gobierno para lo que queda del año

Se podria decir que una de las principales prioridades  de la agenda medioambiental (desde el año pasado) ha sido el envío y ahora la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Éste fue uno de los compromisos del Gobierno de Michelle Bachelet, el cual fue enviado los primeros 100 días de su mandato. En diciembre del año pasado, luego de varios meses de discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se aprobó la idea de legislar y el proyecto se encuentra actualmente en trámite parlamentario. La iniciativa, es la última que falta para completar la institucionalidad ambiental en Chile, proceso que se inició el año 2010 con la creación del MMA.

“Permitirá, por primera vez en nuestro país, contar con un organismo mandatado por el Estado de Chile que vele por la conservación y promoción de nuestro patrimonio natural, o sea su biodiversidad, que es la base de todos los servicios ecosistémicos que sostienen a la mayor parte de las industrias nacionales y el bienestar de toda la población chilena”, indica Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS) para Chile.

La bióloga agrega: “La gestión de la conservación de la biodiversidad tiene la necesidad de ser ampliada, pues de ella depende la generación de la industria agrícola, especialmente en escenarios de cambio climático”.

Hoy se encuentra en segundo trámite en el parlamento la Ley de Fomento al Reciclaje y REP, que busca formalizar la industria del reciclaje en el país y disminuir así, los impactos que generan los 17 millones de toneladas de basura que produce Chile, de las cuales 6,5 millones, son residuos domiciliarios. A esto se suma la indicación que se ingresará al Parlamento para regular el uso de las bolsas plásticas.

Al respecto, Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente (administración de Sebastián Piñera) y actual socio del estudio Baker & McKenzie opina que “a futuro, debemos revisar todo lo relacionado con la función de las municipalidades en recolección y disposición. Hoy los incentivos están orientados a la disposición final y eso debe mejorarse”.

Por su parte, Bárbara Saavedra (WCS) indica que para el medio ambiente, la mayor ganancia es la reducción de residuos “con la consecuente reducción en el uso/generación de vertederos, muchos de los cuales son ilegales, lo que afecta directamente el bienestar de poblaciones humanas (y de otras especies), muchos de ellos normalmente de sectores socioeconómicos bajos.”

Pero ya hay grandes empresas que vienen preparándose al respecto. Por ejemplo, Unilever, mediante su Plan de Vida Sustentable,  ha logrado optimizar los procesos productivos para conseguir que las plantas fueran “zero waste to landfill” (sin desechos a vertedero). Primero con la planta de alimentos Panamericana, para luego traspasar la metodología al resto de sus instalaciones.

A fines de 2015 se realizará en Francia una de las conferencias referidas a cambio climático más importantes de las últimas décadas: la COP 21. En la capital gala debería firmarse el Protocolo de París, que reemplazará al de Kioto, que fue insuficiente en términos de reducciónes de gases de efecto invernadero (GEI) y en la lucha con el cambio climático.

Para poner un ejemplo, el 31 de marzo, el Presidente Barack Obama anunció el compromiso formal de EEUU de reducir sus emisiones entre 26% y 28% a 2025, con respecto a los niveles de 2005. El Presidente chino, Xi Jinping, se comprometió a que sus niveles de emisiones alcancen su nivel máximo en 2030 y de ahí comiencen a reducirse. México anunció antes su meta de reducción de un 22% al 2030.

Así, 32 países ya han presentado sus objetivos de reducción, incluyendo Chile. De hecho, la Presidenta Bachelet anunció en septiembre de 2014 en la Cumbre del Cambio Climático desarrollada en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Chile reduciría enn un 20% las emisiones contaminantes al 2020.

En la COP 21, nuestro país presentará los resultados de su contribución nacional al cambio climático, luego de realizar una inédita consulta pública efectuada durante este año, la que se puede ver en el siio web de esta entidad.

A todas estas políticias,  se suma la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el que fue aprobado por el Consejo de Ministros a fines del año pasado.

En materia de contaminación atmosférica, el Gobierno posee 14 planes de descontaminación. La idea es invertir $2 mil millones este año para hacer frente a un problema que afecta a más de 10 millones de chilenos y es el causante de 4 mil muertes prematuras por enfermedades asociadas a la polución del aire.

Según Rodrigo Benítez, del estudio Baker & McKenzie, desde el punto de vista regulatorio, “sin duda que lo pendiente son los planes de descontaminación para el sur de Chile. Si bien hay un avance con las alertas sanitarias, las medidas estructurales que permiten hacerse cargo del problema de la calidad del aire se incorporan en los planes”.

Para lograr estos objetivos, este año se publicarán los planes de descontaminación del aire por material particulado fino (el más dañino para la salud) de las ciudades de Talca y Maule, Temuco y Padre Las Casas, Osorno y Coyhaique. Además, según indican en el MMA, se terminará el plan de Chillán y Chillán Viejo y los anteproyectos de los planes de la Región Metropolitana, Huasco, Valdivia, y la actualización del plan de descontaminación del complejo industrial Ventanas.

En materia de evaluación ambiental y luego de 18 años de operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se constituyó una Comisión Presidencial encabezada por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, que entregará en un plazo de nueve meses una propuesta para modificar al SEIA, ajustándolo al nuevo escenario del país.

Gonzalo Asencio, gerente general de la consultora medioambiental GISMA, cree que es clave el fortalecimiento institucional de todos los instrumentos ambientales, “así como una mejor coordinación entre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A esto se suma la imperiosa necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y seguimiento de los componentes y parámetros ambientales, para que la autoridad tome mejores decisiones”.

El SEIA es una pieza clave para los proyectos de grandes inversiones.  De hecho, Joaquín Villarino,presidente del Consejo Minero y parte de la Comisión Presidencial, acaba de presentar sus propuestas de mejoras al SEIA, considerándolo que “está bien enfocado e  identifica los impactos, los evalúa y establece mitigaciones y compensaciones”.

Para dar cumplimiento al compromiso presidencial del año pasado, se ingresó al Congreso un proyecto de ley de protección y resguardo de los glaciares, de forma de asegurarlos como fuentes  y reservas de agua dulce y declararlos como bienes nacional de uso público.

Roberto Troya, director regional para Latinomaérica y el Caribe de World Wildlife Fund (WWF) indica que el agua es un recurso estratégico que depende en muchos casos de los glaciares y de fuentes hídricas. “El reto de Chile es seguir explotando lo que necesitamos para el desarrollo, pero de una manera responsable, que se aplica también al uso agrícola. Países como Chile deben mostrar que se puede lograr la sostenibilidad entre la necesidad de producir y proteger ese capital natural que nos permite tener las rentabilidades”, dice Troya.

Por su parte, Gonzalo Asencio, de GISMA, indica : “es indispensable avanzar también hacia una gestión integral de los recursos hídricos, especialmente desde el punto de vista de su calidad, asociado a las implicancias en los distintos usuarios del recurso y de la protección de la biodiversidad”.

El Gobierno está constituyendo una serie de Programas de Recuperación Ambiental y Social en lugares como Coronel, Puchuncaví, Quintero, Huasco y Tierra Amarilla. El objetivo es recuperar el fuerte impacto medioambiental que históricamente han sufrido estas zonas, como consecuencia de la contaminación y la desprotección.

Y el “caballito de batalla” de este plan es la zona de Quintero y Puchuncaví, donde se realizará una intervención integral y multisectorial, con participación de otros organismos del Estado, las industrias y habitantes del sector, “a través de un proceso participativo y vinculante”, como se especifica en el proyecto.

Para ello se creó el “Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví”, que se encuentra representado por ambas comunas de manera equitativa, con 26 integrantes divididos en: 11 representantes de la sociedad civil (dos territoriales, cuatro funcionales, dos organizaciones ambientales, dos consejos de la sociedad civil y un Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente), seis representantes del sector productivo local, tres representantes del sector empresarial y seis representantes del sector público.

En el marco de la Reforma Tributaria, se aprobaron los llamados impuestos verdes, un instrumento de gestión ambiental inédito en nuestra región que permite controlar las externalidades negativas que generan las fuentes móviles, el cual está enfocado principalmente a las termoeléctricas.

Según Rodrigo Benítez: “sin duda que los instrumentos económicos son muy valiosos y hay que avanzar en esa línea, pudiendo utilizarse impuestos verdes o permisos de emisión transables. Estos últimos son los únicos que permitirían alcanzar una meta. Pero un aspecto importante es  tener el cuidado de estudiar bien su interacción con los demás instrumentos de gestión ambiental (por ejemplo planes de descontaminación)”.

Por su parte, Bárbara Saavedra, cree que  estos impuestos son una buena noticia para lo que se denomina principio de equidad ambiental. “Permitirán avanzar, por ejemplo, en implementar planes de descontaminación en ciudades a lo largo de Chile, como Andacollo, Talca, Osorno, Coyahique, por nombrar algunas, las que sufren problemas de contaminación tan severos como los que tenía Santiago en los años 90”, concluye la directora de WCS.