El miércoles de la semana pasada el Gobierno definió al equipo jurídico que defenderá la Reforma Laboral ante el Tribunal Constitucional (TC), tras los requerimientos de senadores y diputados de oposición a cuatro puntos de la iniciativa.

A siete días del anuncio, el grupo de abogados integrado por Francisco Tapia, Andrés Aylwin, Carlos Mackenney y Javier Couso, ya tiene prácticamente definida la artillería legal que hará llegar al Tribunal para buscar salvar el corazón de la reforma.

“Vamos a hacer una lectura holística de toda la Constitución. No vamos a sacar palabras fuera de contexto (...). Es decir, va a haber una interpretación sistemática de las respectivas normas”, anticipó a PULSO el miembro del equipo, Javier Couso.

En ese plano, el jurista precisó: “Vamos a abordar todos y cada uno de los temas que están en el requerimiento, pero la primera mitad de la respuesta va a estar dedicada a titularidad sindical y extensión de beneficios”.

Para resguardar esas dos últimas materias, Couso explicó que en la respuesta van a invocar el artículo 19, N° 16, de la Constitución, sobre derecho a la negociación colectiva y sus modalidades y procedimientos que defina la ley, y el artículo 19, N°19, que regula el derecho a sindicarse en los casos y formas que señala la ley y dota de reconocimiento constitucional a los sindicatos, aspecto que según Couso sería funcional al principio de titularidad sindical del proyecto.

Añade que para reforzar dicha tesis, el informe también citará el artículo primero de la carta magna, que versa sobre los cuerpos intermedios, y el artículo quinto, inciso segundo, que regula todos los tratados internacionales, en este caso los de la OIT, que Chile ha suscrito.

Respecto del derecho a la información que tendrán los sindicatos, Couso dice que se explicará “por qué hay una mala comprensión del derecho a la privacidad”. “Se plantea como un absolutismo, sin embargo este derecho (a la privacidad) no es absoluto. Hay un mal uso de fallos. Se invoca el caso de Claude Reyes. Ahí lo que se buscaba era información pública y no privada. En la reforma hay resguardos a la información privada”, precisa.

En el caso de la negociación interempresa, dice Couso, “acusamos que se la confunde con la negociación por ramas o actividades económicas. Ahí ni siquiera planteamos el problema constitucional porque está mal interpretado el proyecto de ley”.

El académico de la UDP anticipó que la presentación del documento se realizará este viernes, mismo día en que vence el plazo para que actores de la sociedad civil soliciten ser escuchados en las audiencias públicas que programó el Tribunal para el próximo lunes.

INFORMES PREVIOS. Los descargos al requerimiento de la oposición que alista el equipo de abogados con la Segpres, serán acompañados por los informes en derecho que prepararon durante el diseño de la Reforma Laboral los abogados constitucionalistas Patricio Zapata y Pablo Ruiz-Tagle.

Ambos informes, que pidió la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, ratifican que la iniciativa está dentro del marco de la carta fundamental, especialmente en lo referido a la “titularidad sindical” y al fin de los grupos negociadores.

“La titularidad exclusiva del sindicato no genera problema constitucional, sino que al contrario, está dentro del marco de delegación de la Constitución y es consistente con los pronunciamientos de los órganos de control”, dice el texto de Zapata.

Ambos expertos añaden que el Comité de Libertad Sindical y la comisión de expertos en Control y Aplicación de Normas de la OIT, han objetado que los grupos de trabajadores sean igualmente equivalentes a los sindicatos, señalando que “los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o contratos, en ausencia de tales organizaciones”.