Trabajar sin descanso. Así han sido y seguirán siendo los próximos meses en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El organismo, que comenzó a operar preliminarmente en septiembre de 2017 y que tiene en sus manos el futuro de Dominga, emblemático proyecto minero cuya discusión gatilló el quiebre del equipo económico del gabinete de la ex Presidenta Michelle Bachelet, tiene diseñada una cargada agenda para los próximos meses.
Es que el organismo que lidera el abogado Daniel Guevara y que también integran los ministros titulares Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández, quiere dar respuestas rápidas a emblemáticos proyectos. Es que luego de que el tribunal se pronuncie sobre Dominga, lo que sucedería en la segunda semana de abril, se espera que haga lo suyo con el proyecto de SQM en el Salar de Llamara, donde la minera no metálica realizó una serie de modificaciones en la zona de los pozos. La audiencia fue esta semana y el jueves el organismo aprobó extender la suspensión a la extracción de agua de SQM en el Salar de Llamara aplicada en diciembre del año pasado, por cuatro meses más, pero solo en dos de los cuatro pozos existentes.
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Hoy, la causa está en estudio a la espera de la decisión de pedir análisis adicionales, lo que se determinará en unas dos semanas más. Si eso no ocurre, se comenzaría la redacción del borrador de la sentencia, situando nuevamente abril como mes para dictar un potencial veredicto.
También están trabajando con fuerza en el proyecto Pascua Lama, a raíz de la consulta que Barrick presentó debido a la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de cerrar definitivamente la iniciativa. De acuerdo con el cronograma de trabajo del organismo, se espera estar resolviendo la consulta durante las próximas semanas. Pero luego de eso, comenzarán a analizar la reclamación que presentaron los agricultores que se oponen al proyecto, los que buscan revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
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Paralelo a esto, también han avanzado en la causa de Interchile, empresa a cargo de la construcción de la polémica línea Cardones-Polpaico, relevante para completar la interconexión de los sistemas eléctricos del Norte Grande con la zona central. En este caso, el tribunal tiene contemplado poder entregar una sentencia en mayo próximo.
Ante la mayor carga de trabajo, los ministros de la sede ambiental están solicitando una audiencia con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para aumentar el presupuesto asignado al organismo para este año.
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La meta es poder elevar el presupuesto en unos $400 millones, con el fin de lograr un total de $2.000 millones, cifra similar a la asignada al Tribunal Ambiental de Santiago. Además, están diseñando una nueva estructura de trabajo para distribuir las causas entre el personal de manera más equitativa.
