Cuando era candidata presidencial, Michelle Bachelet dijo que el proyecto HidroAysén, tal como está presentado, es inviable. También le bajó el dedo al proyecto de generación eléctrica en el río Achibueno (Linares) que busca sacar adelante el empresa Isidoro Quiroga.

Suma y sigue, pues también está la incertidumbre respecto al proyecto Río Cuervo, luego que la empresa Origin Energy bajara su participación ante los cuestionamientos a la iniciativa, que también se pretende desarrollar en Aysén, dejando así a la Minera Xtrata como la una de las principales accionistas.

Con todo esto, ¿cuál será el rol que jugará la hidroelectricidad en la matriz energética?

La Agenda de Energía lanzada por la Presidenta Michelle Bachelet señala que existiría un potencial hidroeléctrico, entre las cuencas del Aconcagua y Puelo, que superaría los 10.000 MW, con un adicional de 6.000 MW en la Región de Aysén, de los cuales HidroAysén aportaba 2.750 MW y Río Cuervo otros 640 MW.

La interrogante que queda es cómo se lograría el desarrollo hidroeléctrico planteado luego del no a HidroAysén y la oposición a otros proyectos de generación en base a agua.

La Agenda Energética de Bachelet considera identificar en el segundo semestre de 2014 las principales barreras que impiden el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país y, en particular, el desarrollo de los proyectos en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía de Abril 2014. Ese plan de obras incluye, entre el 2017 y el 2019,  cuatro proyectos hidro por un total de 811 MW (incluyendo Alto Maipo) y en el 2023 un proyecto de 360 MW. Todo esto como complemento para lograr reducir los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la próxima década para hogares y pequeñas empresas.

No obstante, en el Gobierno hay tranquilidad. Se afirma que cada proyecto será evaluado en su mérito y que no existe un cuestionamiento a los proyectos hidroeléctricos per sé.

Además, se destaca que el rol que tomará el gas será vital para evitar alzas en las tarifas eléctricas.

“Queremos que junto con las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), el GNL tenga una mayor participación en la matriz energética nacional. Chile tiene las condiciones para hacer este cambio y estamos diciendo hoy que tenemos la voluntad política para llevarlo adelante”, ha dicho la Presidenta Bachelet.

El gas, efectivamente, podría reducir los costos marginales reemplazando al diésel, pero al parecer no sería suficiente para los objetivos de la autoridad.

Las miradas
BanChile destaca que la decisión de rechazar el proyecto es también una opción política para fomentar las inversiones en plantas de pasada más pequeñas, que tendrían un impacto menos visible. Aun así, el principal problema sigue siendo la seguridad del suministro y los márgenes de reserva a largo plazo, para un país que si bien en el último tiempo se ha moderado, aún continúa con un crecimiento sostenido.

“Chile se encuentra actualmente en un escenario de estrechez de suministro eléctrico, lo que no permitirá, al menos hasta finales de 2016, quitar la presión sobre los precios de la energía. El reto consistirá en acelerar la concesión de licencias ambientales, para liberar de obstáculos a una serie de proyectos de energía en reemplazo de HidroAysén”, dijo la entidad.

Añadió que la estrategia del gobierno tiene riesgos de ejecución no despreciables y la urgencia de energía barata podría volver a traer a HidroAysén al centro de la atención una vez más en el futuro, sobre todo si los márgenes de reserva siguen disminuyendo o la economía pierde competitividad.

Por su parte, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, destacó que el proyecto rechazado es un complejo hidroeléctrico de 2.750 MW que aportaría al SIC una  generación importante de energía eléctrica (18.430 GWh, equivalente a casi 30% de la producción actual del país) en base a una fuente limpia, propia, renovable y competitiva. “HidroAysén sería además el proyecto más eficiente de Latinoamérica pues generaría la mayor energía por hectárea embalsada y habría contribuido a aumentar significativamente la participación de energía renovable en la matriz eléctrica del país”, afirma.

Según explica la economista, la decisión de rechazo se enmarca dentro de las atribuciones que tiene el Comité de Ministro siempre que este acto administrativo esté bien fundamentado. En efecto, tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Punta Alcalde, se estableció explícitamente que el Comité cuenta con atribuciones amplias para revisar no solo la legalidad de la decisión impugnada sino además para examinar aspectos de mérito de la misma, pudiendo “negar lugar, rechazar o establecer condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental”.

En consecuencia, “no está en juego la legalidad de la actuación del Comité, en la medida que la decisión esté basada en antecedentes suficientes, que consten en el expediente o en estudios nuevos. Cabe esperar, por tanto, la fundamentación del rechazo puesto que de no contar con este respaldo técnico podría haberse incurrido en una decisión arbitraria, contrario a lo que exige la ley”, señala Susana Jiménez.