Terminó el mandato de Michelle Bachelet, pero aún se siguen conociendo detalles insólitos. Sólo en la última semana se informó de una serie de eventos que dan cuenta de una desprolija e improvisada gestión, por decir lo menos. La firma de indultos que no fue y el cierre de Punta Peuco que tampoco fue... todo por la negativa de un ministro. Que la orden para imponer (premiar) a un ex fiscal (casualmente a cargo del caso Caval) con una notaría vino de sus superiores, fue una de las muchas revelaciones del ex ministro de Justicia Jaime Campos. Los chilenos -y el mundo- también han conocido de tratativas poco ortodoxas con el objetivo de lograr una firma para cerrar el penal de Punta Peuco.
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Por si eso fuera poco, el déficit fiscal estructural fue superior al previsto por la autoridad. De 1,7% a 2,1%. Se supo a último momento, explica el ex ministro Eyzaguirre. Pero quizás debió explicarse públicamente esta información o recálculo. Sobre todo dado que a último minuto, la autoridad sugirió modificar la metodología de cálculo. Hubo una falta de transparencia que afecta a uno de los activos país.
Todo lo anterior viene a coronar o ratificar el proceder del anterior Gobierno. Lo sucedido en su última semana no es de extrañar. Son hechos similares al nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado, tras haber sido cuestionada por el desempeño en sus carteras, o la llegada de la ex fiscal Solange Huerta a la cabeza del Sename tras haber exculpado a la Presidenta por el 27-F.
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Es importante que de ahora en más, las políticas públicas de las personas que estén en el poder cuenten con un mejor estándar a la hora de tomar decisiones respecto de procedimientos o nombramientos.
