El Gobierno informó que persistirá en su agenda legislativa, a pesar de la inequívoca señal que han implicado los resultados de la segunda vuelta. La propia mandataria comunicó anteayer al Presidente electo, Sebastián Piñera, su intención de dejar presentado un proyecto de nueva Constitución, lo que supone una operación institucional mayor, pero respecto de la cual es evidente que no existe consenso.
A su turno, tanto dirigentes de la Nueva Mayoría como la ministra portavoz, Paula Narváez, han postulado la tesis de que no hubo el domingo 17 una derrota política o estratégica de la centroizquierda, ya que las políticas públicas en los próximos años se seguirían organizando o debatiendo en función de las reformas emprendidas por la actual administración y no en clave del programa del futuro gobernante. Sin duda la insistencia legislativa, por un lado, y una interpretación de los datos de la elección paralela a la realidad, se articulan en el mismo propósito: determinar u orientar el curso de la agenda de la próxima administración, presionándola a definirse sobre proyectos de interés del hoy oficialismo. Que Chile Vamos no tenga mayoría propia en ninguna cámara del Congreso que se instalará en marzo puede estimular esta tentación.
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La Presidenta Bachelet tiene el derecho y la obligación de gobernar hasta el final de su período, no obstante, la prudencia recomienda que La Moneda modere su ofensiva legislativa, debido a que una lectura correcta de las cifras de la elección revela que la ciudadanía depositó su confianza en una coalición y un Presidente que se han manifestado opuestos a las reformas estructurales de la Nueva Mayoría. El sentido republicano no es sólo una cuestión de formas, sino también una responsabilidad política, y es por ello que no corresponde condicionar la gestión del futuro mandatario y su alianza con iniciativas que la ciudadanía no respaldó. Ese fue el mensaje del domingo 17.
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