Cerca de 20 días de paralización ilegal es la que suman los funcionarios del sector público en rechazo a la propuesta de reajuste ofrecida por Hacienda. Una situación que definitivamente tiene dos caras: una que da cuenta de la negociación con los trabajadores, pero también con las propias huestes del Gobierno. Y la otra, que es tal vez la más dura y más afectada, tiene que ver con las consecuencias que el paro está teniendo en la actividad del país.

Más allá de las frases de disculpas hacia la población que han emitido algunos representantes del sector público, es un hecho que no alcanzan a dimensionar el daño que le están haciendo a la población en su conjunto. Porque no sólo se está afectando a los exportadores que no pueden mandar sus productos fuera de Chile, sino que a personas comunes y corrientes que acuden a la salud pública como única opción y que ven truncado su derecho de atención llevando en algunos casos a personas a debatirse entre la vida y la muerte.

No cabe duda que se debe hacer un cambio de fondo, pero ¿quién es la persona llamada a hacerlo? ¿Quién debería poner orden y hacer que los funcionarios públicos vuelvan a sus funciones? A esta altura, la única persona es la Presidenta de la República, cuyo protagonismo se ha echado de menos en este duro episodio. P