El 29 de marzo de 2011, Global Mining - sociedad relacionada a la cascada sobre SQM- vendió 5 millones de acciones de la serie A de dicha empresa a uno de los fondos de Linzor Capital. El paquete, originalmente valorizado en US$47 millones, fue vendido en US$285 millones, pues se hizo a un precio de $27.100 por título, pero tres minutos más tarde éstos se enajenaron en $27.138 a Oro Blanco, firma que recibió un préstamo de US$300 millones por parte de Calichera. Con ello, Oro Blanco obtuvo una utilidad de US$235 millones en 2011, gracias a la revalorización de las acciones, siendo dicha operación equivalente al 69,9% de las ganancias de la sociedad ese año, y cerca del 65% en Norte Grande y Calichera.
Dicho movimiento fue uno de los orígenes para que el conflicto en la cascada de SQM estallara el año pasado, sumando nuevos ribetes hasta hoy. Pues la SVS consideró que dicha operación fue entre entidades relacionadas, refutando incluso lo que entonces avaló PWC, obligando a reversar las 5 millones de SQM-A para que su valor vuelva a los US$47 millones originales y al mismo tiempo, suspendiendo temporalmente la cotización de las acciones de la cascada. Sin embargo, el asunto no terminó allí.
Es que dicha transacción sirvió de argumento para que un minoritario de la cascada se querellara contra "todos quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices y encubridores" de un movimiento que, finalmente, derivó en una reversión de utilidades por US$235 millones en la cascada.
En septiembre de 2012, el accionista Roberto Lobos Cerda, quien a través de LarrainVial tenía en custodia títulos de Norta Grande, Oro Blanco, Potasios-A y SQM-B, presentó la querella criminal por el delito de "efectuar transacciones ficticias", previsto y sancionado por la Ley de Mercado de Valores; una acusación que hoy está en manos de la Fiscalía Oriente, a cargo de Felipe Díaz.
"Se han concretado un conjunto de transacciones ficticias a las cuales se ha aludido en el capítulo de los hechos, las que han tenido por objeto reflejar ilícitamente predeterminados resultados contables en un conjunto de sociedades anónimas abiertas relacionadas entre sí y que transan sus valores en público (...) afectándose de manera grave, concreta e ilícita la debida transparencia en el mercado de valores, la cual es amparada por ley", se afirma en la acusación.
De este modo, a juicio de la parte querellante, los responsables de la acusación vulneraron el artículo 53 de la mencionada norma. Este establece que "ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento", precisamente uno de los argumentos que interpuso Julio Ponce, controlador de la cascada, en la querella presentada en febrero pasado en contra de Moneda y quienes resulten responsables de la "campaña orquestada" en perjuicio de la cadena de control de SQM.
DECLARACIONES: DESDE PONCE A CONTESSE
El querellante solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias, entre éstas que se despache la orden de investigación a la policía de investigaciones de Chile, con tal de acreditar la acusación. Además de varias declaraciones por parte de ejecutivos de la cascada e incluso de SQM.
Entre éstos a Aldo Motta, gerente general de las Norte Grande, Oro Blanco y Calichera; Patricio Contesse, gerente general de SQM, "a fin de que declare todo lo que sepa en relación a los hechos que funda la acción penal interpuesta"; a Patricio de Solminihac, subgerente general de SQM; Ricardo Ramos, vicepresidente de administración, finanzas y desarrollo de la misma empresa; y al mismo Ponce.
Conocedores del proceso afirman que la investigación ha avanzado de a poco, principalmente en cuanto a las declaraciones de los posibles imputados. Sin embargo, en términos generales, el asunto no ha cobrado mayor relevancia al interior de la cascada; pues la querella fue presentada hace nueve meses y desde entonces no habría indicios de eventuales formulaciones de cargo.
