Apenas se dieron a conocer los primeros lineamientos del plan de reorganización regional mandatado por ENEL, el director independiente Rafael Fernández alertó de que se trataba de una operación entre partes relacionadas (OPR).

La primera advertencia la hizo el 12 de mayo, una semana antes que Enersis consultara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la reorganización.

Por ello, solicitó tempranamente una intervención del comité de directores. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por el presidente del comité Hernán Somerville por considerar que aún no estaba toda la información sobre la mesa como para tratar el tema.

En este escenario, le pidió expresamente a la administración que el documento que sea ingresado a la entidad reguladora sea enviado de manera previa a los directores.

En la sesión posterior al 18 de mayo -luego de que se enviara el formulario de consulta a la SVS- Fernández recriminó públicamente que no se esperó la opinión de los directores.

Dicha consulta derivó en que la SVS informara que  la reorganización societaria planteada no le es aplicable la normativa sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, sino que sólo las disposiciones especiales que regulan sus etapas.