US$ 164 millones sumaron las multas para todos los involucrados en el Caso Cascada, de los cuales Julio Ponce, controlador de las firmas, deberá desembolsar US$ 72 millones. Y aunque hasta la fecha ha sido la mayor multa cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en su historia, podrían haber sido menores.

A eso del mediodía del martes, los abogados de Julio Ponce jugaban sus últimas cartas en la Corte de Apelaciones, con órdenes de no innovar  (ONI) que cuestionaban el período probatorio dictado por la SVS. El resultado fue el rechazo de 2 a 1 y sólo tras ello, el organismo liderado por Carlos Pavez procedió a informar a todo el mercado el cierre (de parte importante del caso) de la etapa investigativa que tuvo como resultado una sanción para 9 de los 15 involucrados en el caso.

De hecho, la SVS no podía esperar más. Y es que de haberse dictado una ONI, el regulador corría el riesgo de que la resolución con las sanciones pudiera no salir antes del 20 de septiembre, fecha en la que caducaba una serie de operaciones. Ello, habría implicado de paso una multa mucho menor para los sancionados.

Y es que ya el fallo de la SVS no considera las operaciones de 2009 y parte de las realizadas en 2010, esto pues las transacciones tienen un plazo de caducidad de cuatro años.

En su primera presentación, el Consejo de Defensa del Estado había enumerado más de 60 recursos interpuestos por las respectivas defensas, las que a su juicio no tenían más que un “afán dilatorio”, ya que “la orden de no innovar podría poner en grave riesgo la posibilidad de sancionar las posibles infracciones a la ley imputadas, atendidos los plazos de caducidad que corren respecto de la potestad punitiva de la Superintendencia de Valores y Seguros”. Con todo, aún restan conocer la decisión del regulador respecto a los otros formulados de cargos: Citigroup Global Markets y Linzor Capital, con sus respectivos representantes legales, más Banchile Inversiones y Cristián Araya, ex ejecutivo de la corredora.