El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado este martes a favor de la posibilidad de prohibir y sancionar penalmente algunos de los servicios de transporte ofrecidos por la multinacional estadounidense Uber. El veredicto supone el segundo mazazo judicial contra el modelo de negocio de la compañía en poco más de tres meses. El pasado mes de diciembre, el mismo Tribunal sentenció, a raíz de una denuncia de taxistas españoles, que UberPop es una empresa de transporte, sujeta a la normativa de ese sector, y una mera aplicación tecnológica como defendía la compañía.

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La nueva sentencia llega a raíz de la legislación aprobada en Francia en 2014 que contempla sanciones de hasta 300.000 euros y penas de prisión de dos años para las empresas que organicen sin licencia de transporte un sistema de conexión entre conductores y viajeros. La norma se aprobó solo cuatro meses después de que Uber empezará a ofrecer sus servicios en Francia y la multinacional estadounidense fue enjuiciada poco después por un tribunal de Lille.

Uber ha invocado en su defensa la nulidad de la norma francesa, por considerar que el Gobierno francés no puede adoptar una norma sobre los servicios digitales sin notificarla previamente a la Comisión Europea.

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El gobierno francés, en efecto, obvió la notificación a Bruselas. Pero el Tribunal de Justicia europea ha fallado hoy que esa notificación no era necesaria porque la norma no atañe a un servicio de la sociedad de la información sino, más bien, a un servicio de transporte.

El caso ha llegado a Luxemburgo tras una consulta prejudicial del Tribunal de primera instancia de Lille, que será el encargado de resolver la denuncia contra Uber. Pero la sentencia de este martes marca el camino hacia un veredicto contrario a los intereses de la compañía, que se expone a una sanción millonaria por sus servicios conocidos como UberPop (que operaba con conductores no profesionales).

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