Las alternativas de Hacienda en tiempos de estrechez fiscal

El cuadro para elaborar la reforma tributaria se complejizó. De eso no hay dudas. Incluso, el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ironizó el jueves en su presentación en el seminario de Inversiones organizado por Compass Group que ahora en su nuevo rol está más restringido, "restringido en todo sentido", recalcó.

Si bien el Banco Central subió su perspectiva de crecimiento para 2018 de 2,5%-3,5% a un rango entre 3% y 4%, lo que por sí traerá mayores recursos, no será suficiente para compensar la baja de impuesto de primera categoría que el gobierno de Sebastián Piñera impulsará sí o sí, ni tampoco para hacer frente al mayor déficit fiscal estructural de 2,1% con que finalizó 2017 y no de -1,7%.

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La reducción de la tasa impositiva (de 27% a 25%) traerá consigo menores ingresos del orden de entre US$ 900 millones a US$ 1.000 millones cuando esté en régimen.

Dado este nuevo escenario, sobre la mesa de Hacienda hay varias alternativas que podría considerar el ministro Felipe Larraín para hacer frente a la estrechez fiscal, pero no todas ellas de carácter permanente. Si bien por cada punto adicional de crecimiento se recaudan unos US$ 600 millones a US$ 700 millones, no es suficiente para hacer frente a las demandas que conlleva el programa de gobierno. Por ello, hoy el abanico de opciones está abierto.

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En la primera lista de opciones aparecen algunas medidas que incluso ya se han implementado. Por ejemplo, volver a aplicar una tasa impositiva para la repatriación de capitales, la cual rentó unos US$ 1.500 millones cuando se aplicó en 2015. Otra opción vigente es volver a abrir una ventana para retirar los dineros que están en el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), el cual le permitió recaudar US$ 2.000 millones.

Entre las medidas de índole más permanente se sitúa una idea planteada en un estudio realizado -por encargo del gobierno de Michelle Bachelet- a los académicos Claudio Agostini, Guillermo Paraje, Claudia Martínez, Cristóbal Cuadrado y Camila Corbalán, donde ahondan en la aplicación de un impuesto a los nutrientes. De acuerdo a los cálculos de los expertos, esta iniciativa no sólo tendría efectos recaudatorios que irían entre US$ 350 millones y US$ 400 millones, sino que también le permitiría un ahorro fiscal en materia de menor gasto en salud al Fisco por cerca de US$ 53 millones.

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Dentro del abanico aparece también una opción que cuenta con un apoyo transversal de los técnicos, pero no así políticamente: subir el impuesto específico al diésel igualándolo con lo que paga hoy la gasolina de 6 UTM por metro cúbico. Incluso, algunos expertos mencionan como opción elevar ese gravamen a 4 UTM por metro cúbico.

En el primer caso, la recaudación podría llegar hasta unos US$ 1.800 millones anuales, mientras que en la opción conservadora el monto ascendería a unos US$ 800 millones.

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Otra ventana de recaudación que se le abrirá a Hacienda será la puesta en marcha de la trazabilidad del tabaco. Este mecanismo, que tiene por objetivo impedir el contrabando de los cigarros y la evasión de impuestos, comenzará a funcionar dentro de los próximos seis meses. De acuerdo a cálculos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Fisco podría recaudar unos US$ 314 millones anuales extras por este concepto.

En suma, considerando sólo las medidas de aplicación permanentes, la mayor recaudación de Hacienda podría llegar a unos US$ 1.489 millones aproximadamente. Ahora, si se agregan las opciones transitorias, la recaudación podría llegar incluso a unos US$ 5.000 millones, monto nada de despreciable considerando que el mayor déficit estructural significa unos US$ 1.100 millones de menores recursos estructurales.

Claudio Agostini sostuvo que "si el gobierno decide reducir el impuesto de primera categoría se deben buscar otras fuentes de recaudación, porque el crecimiento económico nunca compensa los menores ingresos por una baja de impuestos".

Javier Jaque, académico de la Universidad de Chile y experto tributario de EY, ve con buenos ojos la idea de volver a aplicar la repatriación de capitales. "Resultaría conveniente desde una perspectiva fiscal para aumentar la recaudación, pero también por el efecto que implicaría que nuevos patrimonios se nacionalizarían de esta forma aumentando la base tributable de los grupos empresariales".

En Hacienda elaboran bajo completo hermetismo la propuesta de la reforma tributaria. La encargada de liderar este proceso es la abogada y asesora tributaria de Teatinos 120 Carolina Fuensalida, pero dado el contexto de estrechez fiscal, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, junto al subdirector de Presupuestos, Guillermo Pattillo, están jugando un rol de primera línea, ya que ambos son los encargados de hacer cuadrar la caja fiscal. Todo esto supervisado por el titular de la cartera, Felipe Larraín.

Se espera que cuando Hacienda tenga un anteproyecto más elaborado, comience una ronda de socialización de los cambios a implementar con expertos tributarios y con parlamentarios del oficialismo. De hecho, mañana estos tendrán su primera reunión-almuerzo de coordinación con Hacienda para abordar los cambios impositivos que prepara el gobierno, así como el plan de ajuste fiscal que se debería anunciar esta semana.

Ante la posibilidad de que el gobierno deba subir algunos otros gravámenes, el diputado UDI Patricio Melero subrayó que "el equilibrio se debe generar por la vía de impulsar el crecimiento económico o rebajar algunos gastos del Estado, porque lo que sí está claro es que de generarse una rebaja en el impuesto, el efecto recaudatorio tiene que ser neutro".

El senador RN José García Ruminot añadió que la menor recaudación ante la rebaja en la tasa de primera categoría debe ir en línea con los mayores ingresos que tendrá el país por crecimiento económico. "Es muy difícil que se puedan subir impuestos indirectos", sinceró el legislador.

Desde la oposición ya adelantaron que no están disponibles para una reducción del impuesto a las empresas, por lo que el si el gobierno quiere avanzar en esta propuesta deberá cumplir con la promesa de que los cambios tributarios no afecten la recaudación. "Hay acuerdo en simplificar la estructura tributaria, pero para avanzar en una rebaja de impuestos no están los votos, pero hay que esperar el texto para su análisis", señaló el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini.

Desde el gobierno indicaron que el proceso de ajuste tributario está todavía en marcha y en fase de análisis. Las mismas fuentes añadieron que se está avanzando, pero a paso lento, ya que se quiere presentar un proyecto de ley bien elaborado sin inconsistencia técnicas. Por ello, aún no hay claridad sobre qué impuestos se tocarán para que el cambio que se proponga sea fiscalmente neutro. Las opciones están abiertas.

En el estudio "Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile", realizado por los académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini y Guillermo Paraje; de la Universidad Católica, Claudia Martínez, y de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado y Camila Corbalán, se propone implementar impuestos específicos de $ 1,9 por gramo de azúcares, $ 23 por gramo de sodio y $ 31 por gramo de grasa saturada. Esta tasa debería ajustarse por inflación para mantener su vigencia. De acuerdo al informe, los alimentos sujetos a este impuesto serían los mismos que actualmente están considerados en la ley de etiquetado y la base del impuesto serían los azúcares, el sodio y las grasas saturadas añadidas en cada alimento. Adicionalmente, se menciona que serían sujeto del impuesto los nutrientes: azúcares, sodio (sal de mesa) y grasas saturadas (aceites y manteca). La forma de declarar, retener y pagar el impuesto es a la primera venta o importación. Para evitar doble tributación cuando los nutrientes son utilizados como insumos en la elaboración de alimentos, se aplicará el mismo sistema de crédito fiscal utilizado en el IVA. La propuesta unánime del panel es que "se implementen los tres impuestos propuestos simultáneamente". Sin embargo, acotan que "si se optara por razones de economía política por establecer algún tipo de gradualidad en la implementación de esta propuesta tributaria, el criterio unánime del panel es establecer, en primer lugar, el impuesto específico al sodio, luego el impuesto a los azúcares y finalmente el impuesto a las grasas saturadas". Claudio Agostini afirma que "esta idea es perfectamente practicable", ya que para realizar el estudio se reunieron con el SII para que su propuesta no se quedara sólo en lo teórico. "El servicio nos dijo que la aplicación del impuesto se puede hacer. Estos impuestos se aplican a la primera venta o primera importación y por ello es fácil de seguir y de fiscalizar".