Las otras encuestas de la Segegob

Verguenza, rabia y decepción. Los tres conceptos fueron las emociones que más se repitieron entre los 400 encuestados por Go Research, para analizar la percepción de la ciudadanía respecto al caso Caval. La medición -de febrero de 2016- fue la tercera en este tema que la Segegob pidió para saber hasta dónde había impactado al gobierno, y a la entonces presidenta, la investigación judicial que involucró a la nuera y al hijo de la mandataria. Una medición similar -de febrero de 2015- afirmaba que un 34,6% de los encuestados creía que el negocio de los terrenos en Machalí era "ilegal", mientras que un 49,9% eligió la opción "es un negocio entre privados, pero éticamente cuestionable".

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Son datos que forman parte de los estudios liberados por esa repartición durante el fin de semana, y que pesquisan la trayectoria del gobierno de Bachelet en distintos ámbitos, y cuál fue el impacto de materias que fueron surgiendo en el camino, como por ejemplo Caval y las reformas estructurales. Sin embargo, desde La Moneda también se intentó medir -cuantitativamente- la temperatura en varias temáticas más bien coyunturales, como el paro de profesores, la movilización del sector público, el cambio de horario o incluso la supuesta propagación del ébola.

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Una encuesta realizada en octubre de 2014 a 300 personas por Albornoz asociados, reveló que un 45% creía que el sistema de salud no estaba suficientemente preparado para controlar un brote de ébola en Chile. Y más allá, a la pregunta respecto a las principales medidas para enfrentar ese supuesto brote, un 58% se inclinó por "aumentar los controles fronterizos y restringir ingreso de pasajeros provenientes de países riesgosos". Lo anterior, a pesar de que el Minsal advirtió desde el comienzo de la crisis mundial que el riesgo del país era "muy bajo" y que todos los protocolos estaban activados.

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En julio de 2015, Go Research investigó la percepción de la ciudadanía respecto al paro de profesores, que se extendió por más de 50 días y que entremedio vivió la salida de Nicolás Eyzaguirre del Mienduc y la llegada de Adriana Delpiano, que puso como condición para el diálogo el fin de esas movilizaciones.

Si bien un 64% manifestó su aprobación en la reforma educacional impulsada por La Moneda, un 51% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el paro de los profesores.

En la disputa, un 68% afirmó que la culpa la tenía el Ministerio de Educación, mientras que un 11% apuntó a los profesores.

Tras la dura derrota en la elección municipal que sufrió la Nueva Mayoría, la Segegob encargó a Go Research una medición -de 600 casos- para conocer las causas del paso en falso del oficialismo. ¿La principal causa del triunfo de Chile Vamos? "Mala gestión del Gobierno/castigo" fue la respuesta más repetida, llegando a un 55%.

A esa altura del año -noviembre de 2016, un mes después de los comicios- un 58% de los encuestados afirmó que el Gobierno estaba "enfrentando profundos problemas, en una crisis".

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Cadem fue la encargada de medir en septiembre de 2016 el proceso constituyente, justo cuando finalizaba la etapa participativa. Para esta investigación fueron consultadas 1.842 personas durante un mes, con algunos resultados reveladores.

Un 74% se manifestó "de acuerdo" a la pregunta respecto a si Chile necesitaba o no una nueva Constitución; un 59% de los encuestados afirmó que el cambio a la Carta Fundamental era prioritario, mientras que un 17% respondió que era poco o nada prioritario modificarla; un 39% se mostró muy interesado en el proceso, mientras que un 33% contestó que poco o nada; y un 59% afirmó que el concepto de Justicia era el valor más importante que tenía que tener la Constitución.

Un 2,9 fue la nota promedio que los encuestados por Go Research le pusieron al Gobierno por su respuesta ante los graves incendios que sacudieron el centro y sur del país en el arranque del 2016, y que hizo desaparecer al pueblo de Santa Olga. Un 68% afirmó que la principal falla del Ejecutivo estuvo en la demora en el actuar. Entre las figuras con mayor desaprobación estuvieron la Onemi (59%), los diputados (73%) y los senadores (75%) de las zonas que representan.

Pero eso no es todo. Un 80% afirmó que el Gobierno no había dado todas las facilidades para la operación del famoso avión Supertanker, mientras que un 96% aseguró que la presencia de aviones en el combate de incendios era relevante.

Esto a pesar de que la Conaf afirmó que la efectividad del Supertanker en la extinción de los incendios fue sólo del 14%.

En octubre de 2017, justo cuando el conflicto mapuche atravesaba uno de los momentos más complejos durante la administración Bachelet, con la huelga de hambre y posterior retiro del carácter terrorista de las querellas en contra de los comuneros, la Segegob pidió una medición para analizar la adhesión a la causa mapuche.

Un 74% de los encuestados por Go Research calificó como "justificadas" las demandas del pueblo mapuche, mientras que un 68% manifestó su apoyo a la causa. Eso sí, un 71% dijo que era "injustificado" que los movimientos mapuches utilicen la fuerza como medio para hacer reivindicaciones.