El destino del patrimonio de Sebastián Piñera, en caso de llegar a La Moneda, continúa formando parte del cuestionario que el ex primer mandatario debe contestar a diario. Cerca de US$2.700 millones, donde unos US$1.800 millones están en el exterior, suman los recursos que actualmente administra su family office, de los cuales una fracción deberá entregar en fideicomiso.

La Ley 20.880 en su artículo 26, establece que autoridades como el Presidente y ministros, entre otros, "que sean titulares" de instrumentos de oferta pública de entidades chilenas inscritas en la SVS o SBIF y que superen las UF25.000, deberán constituir un fideicomiso ciego, sin embargo, esa definición deja fuera las inversiones en el exterior y aquellas de familiares. Este es justamente uno de los puntos clave, pues la controversia -y las comisiones investigadoras- se gatillaron luego de que se conociera la exposición de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, inversión que bajo la ley no requiere ser entregada en fideicomiso a un tercero.

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Por ello es que hoy existen tres mociones parlamentarias en primer trámite constitucional para modificar la ley y así obligar a que los activos fuera del país formen parte de un fideicomiso.

La última propuesta ingresó el martes 14 de enero de este año a la Cámara y fue presentada por los diputados DC Fuad Chaín, Marcelo Chávez, Roberto León, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Yasna Provoste, Ricardo Rincón y Gabriel Silber. La iniciativa busca modificar el artículo 26 para "agregar los activos o inversiones en el extranjero dentro de los valores que las autoridades obligadas han de optar por vender o incluir en el mandato especial de administración".

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En el escrito, indican que existe la necesidad de incorporarlos porque los mandatarios que el ex presidente Sebastián Piñera nombró para la administración de su patrimonio, no evitaron "que se realizara inversiones en sociedades pesqueras peruanas durante la tramitación del diferendo internacional que el país mantiene con Perú ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya", lo que deja en evidencia que esta normativa ha de perfeccionarse.

Esta, no obstante, no es la única incitativa que busca el mismo fin. Ya el senador Hernán Larraín había ingresado el 29 de noviembre de 2016 un proyecto al Senado proponiendo modificar el mismo artículo 26, intercalando en él la frase "...que sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas", luego de la palabra "titulares", la expresión "valores en el extranjero…" quedando el nuevo texto: "que sean titulares de valores en el extranjero, acciones de sociedades anónimas abiertas ..."

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En su argumento, explicó que la investigación periodística de Radio Bio Bio que dio a conocer la inversión en Exalmar "ha dejado en evidencia un vacío en el artículo 26 de La Ley 20.880 en lo que respecta al manejo de los activos en el exterior del Presidente de la República y demás autoridades allí señaladas que requiere urgente rectificación".

Ese mismo 29 de noviembre los diputados Germán Becker (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Patricio Melero (UDI), Nicolás Monckeberg (RN) y Paulina Nuñez (RN) ingresaron a la Cámara otro proyecto, que busca "establecer la obligación de constituir un mandato de administración o fideicomiso ciego para las principales autoridades del país, sin un límite de patrimonio", es decir eliminando el mínimo de UF25.000 para obligar a la formación de un fideicomiso.

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Mientras los tres proyectos presentados ya fueron destinados a distintas comisiones para su tramitación, en Bancard continúan trabajando para aterrizar el fideicomiso que Piñera anunciará, el cual además de contener sus inversiones en el país, podría incluir los activos en el exterior.

Pero más allá de ello, a esto podrían agregarse sociedades que el no controla, sino que sus hijos, como el caso de Santa Cecilia, en la que Piñera participa, pero con un porcentaje minoritario.