Alguien dijo que una crisis es aquel preciso instante en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido. Cuesta encontrar un concepto más adecuado para describir el actual estado de la inmigración en Chile.
La migración moderna es, en muchos aspectos, muy distinta de la que en 1975 intentó regular el Decreto Ley 1094 de Extranjería que, vigente hoy sin ninguna modificación sustancial a su contenido, no hace poseedores del cuestionable título de tener la ley más antigua de todo el continente.
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El sostenido aumento de los flujos migratorios hacia nuestro país, ha evidenciado ante la opinión pública la sideral distancia entre la realidad migratoria y las capacidades de la normativa e institucionalidad con que cuenta nuestro país para hacerse cargo.
La normativa vigente no es aplicada por los operadores del sistema por lo impracticable que resulta en muchas situaciones, las instituciones que participan del sistema migratorio se encuentran sobrepasadas funcional y materialmente y, en lo que parece la mayor demostración de la obsolescencia del sistema, ha sido la actividad jurisprudencial la que en la práctica ha venido configurando aspectos fundamentales de la política migratoria mediante el ejercicio de interpretación e integración de los vacíos y deficiencias de que la norma adolece en cuanto al cumplimiento de los estándares de derechos humanos que Chile está obligado a respetar en virtud de instrumentos internacionales suscritos y ratificados por él.
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Este crítico estadio de la gestión migratoria parece no ser percibido en su real dimensión por los actores políticos llamados a hacerse cargo. Sus discursos, más allá de sostener que la migración es una realidad que llegó para quedarse, que es una oportunidad para Chile, que los migrantes deben tener derechos y obligaciones y, por supuesto, la invocación testimonial a su propia relación familiar o experiencial con la realidad migrante, están lejos de aportar visiones y respuestas constructivas al respecto.
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Si bien es casi unánime la opinión de que Chile necesita reformar su actual normativa migratoria, el consenso se esfuma a la hora de resolver qué tipo de ley necesitamos en su reemplazo.
En el mes de agosto de este año, y luego de sucesivos anuncios, la iniciativa legislativa que debería procurar una ley de migraciones para Chile finalmente fue ingresada para su discusión en el Congreso Nacional.
Aunque el programa del actual gobierno comprometió explícitamente que las modificaciones a la legislación migratoria tendrían una perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos, aseguradoras de una inserción efectiva al país y facilitadoras de una coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de todos los entes públicos relacionados con la política migratoria, la propuesta del ejecutivo es pobre en cada uno de estos estándares.
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Desde un punto de vista procedimental, la propuesta legislativa ha sido presentada en las postrimerías de este periodo presidencial, el momento de más baja capacidad de liderar la discusión legislativa, y en medio de una campaña presidencial y parlamentaria que se ha caracterizado por las miradas simplistas y oportunistas de gran parte de los candidatos; resulta evidente su carácter reactivo, tanto respecto a la contingencia mediática como a la interpelación presentada contra el Ministro del Interior; y desatendiendo las propuestas del proceso consultivo en que el propio gobierno convocó a la academia, ONGS y agrupaciones de migrantes de todo Chile.
En términos de su contenido, además de una deficiente redacción en su articulado y graves omisiones que hacen impracticable varias de sus disposiciones, el proyecto carece de un relato político y coherente sobre lo que se propone que la migración será para el desarrollo social, cultural y económico de Chile, y está muy lejos de generar las herramientas para que el Estado se encuentre en posibilidad de dar gobernabilidad a la migración, al haberse abstenido de generar una institucionalidad con recursos y funciones suficientes y con una capacidad de comprensión que vaya más allá del enfoque de control y seguridad, que en nada permite efectivamente gobernar la movilidad, por su falta de multidimensionalidad.
Por ello, y dado que gran parte de sus falencias afectan materias que son de iniciativa exclusiva del poder ejecutivo, la inviabilidad legislativa de este proyecto, al menos en su actual redacción, hace poco aconsejable perder tiempo y espacio en comentar el detalle de su contenido.
Tanto el contenido de esta fallida propuesta legislativa como las decisiones políticas adoptadas en torno a ella, dan cuenta de la falta de comprensión de una regla de oro en este tema: la migración no es un problema en sí misma, sino que la problematiza la incapacidad del Estado para gestionarla.
Cualquier propuesta de legislación migratoria que pretenda hacerse cargo de la realidad, debe dar al Estado un rol activo y de conducción del modo en que se desarrollan los movimientos migratorios y que dote a los agentes públicos de las capacidades, atribuciones, facultades, responsabilidades e intersectorialidades que aseguren una real gobernabilidad del proceso migratorio de modo tal que no sea el mercado, como ocurre hoy, el que fije los patrones con arreglo a los cuales las migraciones se definen, desarrollan, producen y consolidan, dejando al libre juego de la oferta y la demanda tanto los derechos de las personas migrantes como los impactos que su llegada tiene en nuestra sociedad.
Contrario a lo que el tradicional cortoplacismo con que miramos las temáticas públicas pudiere llevarnos a pensar, las consecuencias de esta demora en hacernos cargo de los desafíos de la migración no serán visibles en su real dimensión hasta unos cuantos años más, cuando veamos que esta desidia ha comprometido la cohesión social y la calidad de vida de la sociedad chilena que se está forjando hoy, en nuestras escuelas, barrios, y comunidades.
Un mínimo de realismo político, nos hace ver con decepción lo improbable de que estas cuestiones sean asumidas y resueltas por la actual gestión, por lo que no cabe más que asumir el fracaso de los que no fuimos capaces de honrar nuestra promesa programática y esperar a que, en marzo próximo, apelando a autoridades distintas y entusiasmos renovados, podamos volver a discutir esta importante materia, aspirando a que esta vez sí, sea en serio.
*Ex jefe del departamento de Extranjería y Migraciones
