Antes de la irrupción de internet, recordará que para vender un bien durable (casa, auto) era necesario recurrir a los avisos económicos de un diario. Con el acceso a la web hoy usamos, además, mercadolibre, chileautos, portal inmobiliario y otras aplicaciones. Cómodo y bienvenida la innovación. Pero, ¿qué pensaría si los dueños de este medio escrito se opusieran a ello obligándolo a contratar un aviso económico? Lo más probable es que reclamaría.

Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto de ley (boletín 10.937-15), más conocido como Ley Uber, que "moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros, a través de plataformas tecnológicas". Estas últimas prestan el servicio de "corretaje de servicios de transporte": juntan a oferentes (transportistas) y demandantes (usuarios), al igual como hacen los servicios de radiotaxi. Con esto se evita que haya taxis vacíos buscando pasajeros por las calles, reduciendo de paso la contaminación y la congestión.

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Pero el citado proyecto, más que enfocarse en los aspectos que requieren ser regulados para "nivelar la cancha y asegurar igualdad de condiciones a todos los jugadores", tiende a reducir la competencia y poner trabas al uso de plataformas tecnológicas. Por ejemplo, se propone cobrar a los automóviles de alquiler que usan plataformas un monto por kilómetro recorrido, para reducir la contaminación y congestión en las ciudades. Pero este mismo cobro no se aplica a los taxis tradicionales, como si estos no contaminaran ni causaran congestión. El proyecto también prohíbe el uso de plataformas tecnológicas en el caso de colectivos y propone limitar los kilómetros totales que pueden recorrer los taxis que usan estas plataformas en períodos de alta congestión y/o contaminación.

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¿No es más eficiente dejar operar el mecanismo automático de precios, como ocurre en cualquier mercado competitivo, y fomentar el uso de taxis compartidos? Todo esto se puede conseguir con aplicaciones como la de Uber. Además, si se limitan los kilómetros recorridos (lo que es ciertamente discutible), la medida debería afectar a todos los taxis, no sólo a los que operan con plataformas tecnológicas. Todo lo propuesto equivale a restringir los avisos en plataformas como mercadolibre o chileautos, pero no en la prensa escrita.

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En suma, el proyecto de ley más parece ser uno que pretende regular la entrada al servicio de transporte de pasajeros, disminuyendo la competencia y perjudicando de paso a los 2,3 millones de usuarios activos de Uber, la "mayoría silenciosa" que ha hecho de Chile el segundo país a nivel mundial con más viajes por habitante después de Costa Rica. La enorme penetración de Uber en Chile sugiere que las alternativas son caras y malas.

No debe desprenderse de lo anterior que las plataformas no requieren regulación, pero esta dice relación con asegurar el buen uso de la información que las mismas obtienen de sus clientes. Por ejemplo, la enorme cantidad de información que los proveedores de servicios digitales manejan de los usuarios les permitiría discriminar entre ellos, cobrando precios distintos a unos y otros. De hecho, Uber está siendo investigada en Estados Unidos por este delito. Estos temas deberían analizarse en este proyecto, en conjunto con aquel que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (boletín 11.144-07).

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El proyecto debe también nivelar la cancha en términos tributarios, asegurando que todos los partícipes paguen los impuestos que corresponden.

Es importante que el proyecto en discusión no se transforme en uno que proteja a ciertos grupos de interés, como parece ser el caso, sino sea uno que promueva la competencia y el fair play. Ojalá el nuevo Congreso que se instalará el 11 de marzo próximo logre cambiar el contenido del proyecto en discusión y se legisle en beneficio de la mayoría silenciosa y no de unos pocos.

*El autor es profesor Escuela Administración UC e investigador ClapesUC.