EN LOS próximos días el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la política migratoria del país, el que probablemente incluirá una propuesta respecto del límite de trabajadores extranjeros que pueden desempeñarse en una empresa. Hoy el código laboral señala que en compañías de más de 25 trabajadores no puede haber más de un 15% de empleados extranjeros, porcentaje que parece insuficiente dado el fenómeno migratorio que vive el país.

La administración Bachelet presentó en 2017 un proyecto de ley que incluía una ampliación de dicho porcentaje desde 15% al 25%. Ese mismo año, el ahora ex diputado socialista Osvaldo Andrade propuso que dicho límite sea variable según el tipo de actividad productiva.

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Como principio parece innecesario avanzar en cualquier tipo de política de cuotas, sin embargo, éstas pueden llegar a entenderse cuando lo que buscan es incentivar o estimular ciertos fenómenos como es el caso de la participación femenina en la política. Distinto es el caso de los topes o límites como el aquí abordado, que parecieran no tener mayor justificación. Al contrario, incluso puede considerarse discriminatorio el hecho de que una empresa se vea impedida de contratar un profesional extranjero, sólo por el hecho de que dicha compañía ya traspasó el límite definido por ley.

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Un país moderno debiera evaluar la posibilidad de eliminar cualquier límite para la contratación de personal extranjero, siempre y cuando -y es aquí donde debieran estar concentrados todos los esfuerzos del Ejecutivo-, exista una buena y moderna política migratoria, que disponga de derechos y deberes a todos los extranjeros que legalmente quieran desempeñar su profesión u oficio en nuestro país. Cualquier otro camino que considere límites de contratación en las compañías, en el fondo busca traspasar a las empresas el deber de regular o solucionar los problemas que la migración ilegal pudiera generar en el país. El camino debiera ir en la dirección contraria: es el Estado el que debe remediar las inquietudes que pueda acarrear el fenómeno migratorio, y las empresas sólo disponer de buenos puestos de trabajo para todos los migrantes que en buena ley quieran desarrollarse en Chile.

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