Es presidente del directorio y controlador de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios, Nitratos, Inversiones SQ e Inversiones SQYA. La SVS presume que Ponce sería el ideólogo y promotor del esquema estructurado que se denuncia. Cinco son los cargos se le imputan: tres por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y dos por presuntas infracciones la Ley de Mercado de Valores, por efectuar transacciones o inducir a la compra o venta de valores por medio de cualquier mecanismo engañoso o fraudulento y efectuar cotizaciones o transacciones ficticias.
Aldo Motta está en este caso en su calidad de gerente general de Norte Grande y Pampa Calichera desde agosto de 2009 a la fecha. Fue gerente general de Oro Blanco, cargo al que renunció en mayo de 2013. También ha estado en las gerencias generales de Potasios (hasta septiembre de 2011) y de Inversiones SQ e Inversiones SQYA (desde agosto de 2009 hasta mediados de 2011). Se le formulan cuatro cargos: tres por supuestas infracciones a la Ley de S.A. y una por la Ley de Mercado de Valores, por efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.
Del círculo cercano a Julio Ponce, el abogado Roberto Guzmán Lyon habría participado en diversas operaciones las que se enmarcaban en el esquema cuestionado por la SVS a través de las denominadas "sociedades vinculadas". Dos son las formulaciones que enfrenta Guzmán relativas a la Ley de Mercado de Valores: una por la efectuar transacciones o inducir a la compra o venta de valores mediante prácticas engañosas y la segunda por realizar transacciones para manipular artificialmente los precios.
El presidente y principal socio de Larrain Vial S.A. estuvo en el ojo del huracán desde septiembre cuando se formularon los cargos a Ponce, Motta, Contesse y Guzmán. Según la tesis de la SVS, las sociedades de Vial - Inversiones Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña- participaron en calidad de "instrumentales" en el esquema mediante el cual se habrían afectado los precios de la sociedades de la cascada sobre SQM. Los cargos son por la presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley, por operaciones efectuadas en 2009 y 2010.
Son parte de la segunda etapa de formulaciones realizadas por la SVS. Esta presume que Larrain Vial Corredora de Bolsa, a través del gerente general Manuel Bulnes y del gerente de distribución institucional Felipe Errázuriz, articulaba una serie de operaciones que eran parte del esquema que habría perjudicado a los accionistas minoritarios de las sociedades que integran la Cascada. Ambos habrían sido los encargados de contactarse personalmente con las sociedades Cascada, las relacionadas y las vinculadas para realizar negocios que luego proponían a la sociedades de Leonidas Vial.
Los cargos son tres, dos de ellos por presuntas infracciones a la Ley de Mercado de Valores: por cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor y por transacciones realizadas mediante mecanismos engañosos o fraudulentos. El tercero es por presunta infracción a los artículos 66 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Santiago y 64 del Reglamento de la Bolsa Electrónica, por transacciones ficticias respecto de cualquier valor, la participación en transacciones simuladas y la realización de cualquier maniobra tendiente a alterar artificialmente las cotizaciones de bolsa.
A la corredora de bolsa de Banchile y a Cristián Araya, en su calidad de ex gerente de inversiones de esa corredora, se le formularon cargos por la presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, por operaciones realizadas entre 2009 y 2011.
Araya, que se desempeñaba como presidente y director de Tanner Corredores de Bolsa, renunció la semana pasada a ambos puestos luego de esta formulación de cargos. "La decisión fue tomada para dedicarme, en el corto plazo, exclusivamente a la preparación de mi defensa", señaló el ejecutivo a través de un comunicado de prensa.
Es también parte de la primera tanda de formulación de cargos de la SVS realizada en septiembre de 2013. Contesse Fica es el más joven de este grupo y es gerente general de Potasios desde septiembre de 2011 y ha señalado en su defensa que no tenía conocimiento de las operaciones que habría ideado Ponce y otros.
La SVS formuló cuatro cargos: presunta infracción a la Ley de Sociedades Anónimas, por modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social; por la práctica de actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social y por operaciones entre partes relacionadas.
Los cargos contra Linzor Asset Management (hoy CHL Capital) y su representante legal, Canio Corbo Atria, se deberían a la presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, por operaciones realizadas en 2011. Ese año uno de los fondos- Linzor Total Return- participó en operaciones que tuvieron como resultado la revalorización de cinco millones de acciones de SQM-A.
Su nombre apareció en septiembre cuando la SVS realizó la primera formulación de cargos. Sin embargo, no fue hasta enero cuando el organismo que preside Fernando Coloma dio a conocer los cargos contra este controlador y administrador de Inversiones Transcorp Ltda. e Inversiones La Palma Ltda., por la presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley, por operaciones efectuadas en 2011.
Le Blanc, cuyas sociedades fueron calificadas como instrumentales, también se habría favorecido con las operaciones irregulares según la SVS, actuando como agente de Celfin y de Nevasa. Este mantenía una estrecha relación con Roberto Guzmán Lyon y en su formulación de cargos se explica que su nexo con la cascada sería Luis Saldías, ejecutivo que se desempeñó tanto en la matrices de SQM, como en las sociedades relacionadas y vinculadas a las operaciones.
La formulación realizada a Citigroup Global Markets Inc. y a Fabio Gheilerman, representante legal de dicha entidad, es por la presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, por operaciones realizadas durante 2009 y 2010.
Según la SVS, las transacciones en las cuales Pampa Calichera tuvo de contraparte a Banchile y Citigroup "no habrían tenido el objetivo de transferir efectivamente la propiedad del título SQM-B, sino dar la apariencia de ellos, según se desprende de la forma en que fueron realizadas estas operaciones". Según el ente fiscalizador, las transacciones habrían estado orientadas a la generación de utilidades contables para la Cascada.