Son nombres que se repiten en el expediente del Caso Cascada, pese a no ser sujetos de sanción. Según se desprende del vasto documento de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), estuvieron vinculados a la cascada sobre SQM antes, durante y después del presunto esquema detectado por el regulador. Sus firmas aparecen con frecuencia en documentos notariales o actas de juntas de accionistas, algunos prestaron declaraciones al regulador y otros se restaron de ella pese a ser citados.

Patricio Phillips, el hombre clave en la arista política

Desde 2006, al menos, que es director fijo en Pampa Calichera y Norte Grande. Sin embargo sus lazos vienen de antes. En 2001 era presidente en la primera de estas sociedades, fue él el destinatario de la misiva en la que ejecutivos de Moneda y Bancard pedían -en un complejo contexto financiero de Calichera- la liquidación de la empresa.

Prestó declaraciones a la PDI antes de que el caso lo traspasara la Fiscalía Oriente a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Centro Norte y también ante la SVS, citado por el mismo Ponce en su calidad de director, con tal de que ratificar que las operaciones cuestionadas perseguían el interés social de la cascada, tesis que descartó el regulador al sostener que “diversas operaciones que realizaron las Sociedades Cascada no pasaban por el directorio de las Sociedades Cascada, los cuales tomaban conocimiento de esas operaciones de forma posterior a la materialización de las mismas. Sin ir más lejos, durante el período en que se desempeñó el Sr. Phillips en su cargo de director, se materializó el plan que dio a conocer el Sr. Julio Ponce Lerou a través de su misiva de noviembre de 2008, sin que dicho plan y la mayor parte de las operaciones que se realizaron al amparo de éstas, pasaran por la aprobación del directorio de la respectiva Sociedad Cascada de manera previa y que por ende fueran aprobadas por dichos órganos societarios”.

Sin embargo, el papel más importante que ha tenido en el caso fue cuando intercambió correos con el ex subsecretario de Hacienda Julio Dittborn, lo que sirvió para levantar la arista política del caso y que hoy tiene a la comisión investigadora persiguiendo el presunto rol del ex Presidente Piñera en el mismo y las supuestas presiones -que ya desacreditó la justicia- sobre la SVS. Fue Phillips quien le pidió a Dittborn reunirse con Fernando Coloma, ex titular de la SVS, para manifestarle las preocupaciones de Ponce respecto de la supuesta presión de La Moneda.

Estos e-mails se filtraron en medios de prensa dejando en una incómoda posición al ex subsecretario de Hacienda.

Luis Saldías, el hombre entre Ponce y Guzmán

La SVS lo citó a declarar en el período investigativo del caso, sin embargo a través de su abogado, Waldo Brown, se excusó “toda vez que en su calidad de contador auditor se encuentra en período de Operación Renta Año Tributario 2013”. Resultaba ser un testigo importante para el regulador a la luz de su estrecha relación tanto con Ponce como con Roberto Guzmán.

En innumerables ocasiones Saldías figuró como accionista u apoderado firmando las actas en las juntas de accionistas de la cascada. En palabras de Guzmán, “es un excelente auditor que me ha ayudado en la organización de mis empresas y en varias oportunidades lo he tenido como director y segunda firma para ausencia”,

A partir de investigación de la SVS, Saldías se relacionaba con Le Blanc para comprar o vender paquetes de acciones en representación del grupo controlador de la cascada. Además, ante las corredoras de bolsa era el representante de la cascada, Inversiones SQYA e Inversiones del Sur, de Ponce; e Inversiones Silvestre, Inversiones Jaipur e Inversiones del Parque, de Guzmán. En algunas de estas sociedades fue presidente y gerente general.

Ha sido gerente general y director de SAC, sociedad ligada a Guzmán quien tiene el 99,9% de la propiedad, la cual le presta servicios administrativos y de registro de accionistas al grupo Cascada (Calichera, Oro Blanco, Norte Grande).

Los directores

Son varios los ejecutivos de confianza de Ponce en sus sociedades, entre ellos varios familiares.

El hermano de Julio Ponce, Luis Eugenio, ocupa distintos cargos en la cascada. En algunas sociedades como Norte Grande y Oro Blanco es vicepresidente y en otras como Nitratos es presidente. Ha sido el ejecutivo que más veces ha enfrentado a los accionistas minoritarios en las distintas juntas de la cascada. Presidió la instancia cuando dichos accionistas amenazaron con ir a la SVS y hasta la fecha sigue siendo quien recibe sus acusaciones. Se acompaña, por lo general, de Sebastián Oddó, quien además de ser el asesor legal de la cascada y oficiar como secretario en juntas de accionistas, es socio de Vergara & Labarca, estudio que defiende a Ponce.

Según la declaración que dio el empresario a la Fiscalía Centro Norte, fue su hermano quien se reunió con Pedro Pablo Gutiérrez, abogado de Moneda Asset Management -firma que denunció estas operaciones ante la SVS-, encuentro en el que éste último le habría advertido las sanciones a las que se expone el controlador de la cascada si es que no las fusionaba; asunto que fue totalmente descartado por Gutiérrez.

Julio, Alejandro y Francisca Ponce Pinochet son los hijos del empresario que han tenido -o tienen- un sillón en los directorios de la cascada y también en sus sociedades controladoras, como Inversiones SQ e Inversiones SQYA. Julio Ponce Pinochet ya había sido requerido por la PDI para ser interrogado.

Otro hombre de confianza es Felipe García-Huidobro Mac-Auliffe, quien ha sido director tanto en la cascada como en las sociedades personales de Ponce.

En la actualidad, hay varios directores con lazos en política. En Oro Blanco está Cristián Leay, quien entre 1990 y el 2006 fue diputado por la UDI en el distrito de Recoleta e Independencia. Siempre estuvo relacionado al tema minero, integrando en todos esos años la Comisión Permanente de Minería y Energía. Entre 2002 y 2006 fue miembro de la Comisión Sobre la Situación Tributaria de la Minería Privada.

Mientras Hernán Contreras ocupa un sillón en Norte Grande, Fernando Bustamante lo hace en Nitratos. Ambos son abogados y, según información de prensa, tienen estrechos lazos con el PS. Mientras el primero sería cercano a parlamentarios como Osvaldo Andrade, quien participa en la comisión investigadora del Caso Cascada, el segundo se asocia con la figura de Ricardo Lagos, pues durante su administración fue presidente de Metro.

Leay, Contreras y Bustamante no aparecen en el expediente de la SVS. Fueron elegidos por Ponce con posterioridad al período investigado.

Los empleados

Además de Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Ricardo Moreno, quienes están o han pasado por las gerencias de la cascada, hay varios trabajadores de larga data en estas sociedades.

Según el expediente, la actual fiscal de la cascada, Claudia Morales, ha oficiado en varias ocasiones como secretaria en las juntas de accionista. Su nombre ya figuraba en las actas de 2006, mientras que otro nombre que destaca en el expediente es el de Jorge Araya, quien se desempeñó como gerente general en estas sociedades hasta 2009, cuando fallece siendo sucedido por Motta.