El mapa de riesgo de América Latina está cambiando. Es cierto que países como Venezuela, Bolivia y Argentina todavía tienen el riesgo de la expropiación de activos; la región minera andina tiene su cuota de malestar social; y en México, Colombia y gran parte de América Central, la violencia sigue siendo un problema. Pero las cosas están mejorando con el crecimiento de la clase media, un largo período de democratización y el cambio de las condiciones externas.
“La estrategia de mitigación de riesgo de los inversionistas tiene que ser muy diferente, incluso, a la que se usaba cinco años atrás porque las exigencias a las autoridades políticas están cambiando radicalmente”, dice Christopher Garman, director de mercados emergentes de Eurasia Group y de América Latina.
La rabieta del año pasado por el “tapering” -cuando muchas divisas latinoamericanas se devaluaron drásticamente como resultado de la disminución gradual del estímulo cuantitativo de la Reserva Federal de EEUU- es un fuerte recordatorio de que la región sigue siendo vulnerable a los shocks externos.
La política fiscal intervencionista de Brasil en respuesta a estos problemas ha tenido efectos negativos, con el país ahora sumido en una recesión técnica. En las economías más frágiles de Venezuela y Argentina, el riesgo financiero se ha disparado. Incluso en Chile y México, con un clima amigable para hacer negocios, han puesto en práctica medidas tributarias para apuntalar los ingresos del Estado, en medio de un menor crecimiento.
Sin embargo, América Latina es también más estable económica y políticamente de lo que ha sido siempre, con la mayoría de los gobiernos de la región adhiriéndose fuertemente a las políticas de mercado. Todo esto se confirma en el fuerte aumento de la inversión extranjera directa, que alcanzó un máximo histórico en América Latina y el Caribe el año pasado, a US$185 mil millones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una agencia de la ONU.
Alejandro Solórzano, líder regional de la multilatina Marsh & McLennan, corredora global de seguros, dice: “Estamos viendo un gran aumento en los flujos de capitales a Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, porque los inversionistas prefieren los países que son más estables, que tienen reformas estructurales y democracias fuertes”.
Cada vez más, las medidas contra la corrupción, políticas pro libre competencia y regulaciones ambientales en los países de América Latina se encuentran bajo el microscopio.
“Hace una década, no prestarías atención a las normas ambientales y las empresas podían hacer prácticamente lo que querían”, dice Jaime Trujillo, socio gerente de la oficina de Bogotá de Baker & McKenzie en Colombia. “Ahora corren un riesgo significativamente mayor de enjuiciamiento”.
De hecho, es tal vez revelador el que Marina Silva, una de los principales candidatas en la carrera presidencial de Brasil, es un activista medioambiental que surgió gracias a los recolectores de caucho en la selva amazónica. Diez cargos criminales que Brasil levantó contra Chevron por un derrame de petróleo en 2011 frente a la costa de Río de Janeiro amenazaron con provocar penas de cárcel para algunos de sus empleados.
El tema de la corrupción también es cada vez más relevante. Este año Brasil presentó una ley que impone multas de 20% de los ingresos anuales brutos a las empresas declaradas culpables de corrupción. Leyes anticorrupción similares se introdujeron en México en 2012 y en Colombia en 2011.
La burocracia local frecuentemente ahoga proyectos con cinta roja, al por ejemplo, hacer más difícil de obtener los permisos medioambientales.
Mientras las comunidades rurales se hacen más poderosas políticamente, para las empresas extranjeras ya no es suficiente invertir una sola vez en proyectos de comunidad locales, dice Garman.
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