Dentro de muy poco, en abril, los grandes contribuyentes se verán enfrentados a sistemas de tributación (atribuido y parcialmente integrado) altamente exigentes, cuyo objetivo es lograr una mayor tributación y recaudación. Su complejidad, sobre la que existe consenso en la mayoría de los expertos en estos temas, justifica que se realicen cambios, los cuales estarán dentro de la agenda del Gobierno entrante.
Lo cierto es que se requiere una nueva reforma tributaria o un ajuste profundo de la anterior. Un impuesto corporativo del 27% definitivamente es muy alto y queda fuera de los rangos de otros países, en especial considerando la baja impositiva anunciada en EEUU. Una tasa razonable debería estar en torno a 25%, rango que permitiría reencantar la inversión.
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También se deberían dejar en el pasado los sistemas atribuido y parcialmente integrado, avanzando a un régimen único, sin perjuicio de mantener un mecanismo que ayude al fomento de las pequeñas y medianas empresas, por el cual una pyme volverá a un sistema integrado pagando impuestos sólo al distribuir utilidades o dividendos, con crédito al 100% de la carga tributaria cancelada por la empresa. Se eliminaría así la denominada restitución del crédito y la modalidad atribuida, con grandes beneficios: un sistema más simple, que incentivaría la inversión, el crecimiento económico y el empleo.
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Además, para compensar el efecto recaudador, sería recomendable establecer un proceso de conciliación extraordinaria para los juicios acumulados y atrasados en los Tribunales Tributarios (TTA). A 2017 existían aproximadamente 3.600 causas pendientes, que de acuerdo con una estimación de la Asociación de TTA, ascenderían a cobros en discusión equivalentes a US$12.600 millones. Esta situación pone en riesgo la recaudación, considerando -entre otras cosas- la antigüedad de los casos, que las empresas deudoras pueden no tener recursos para responder y que hay juicios a estas alturas ya prescritos.
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Una conciliación extraordinaria posibilitaría un procedimiento expedito de tramitación, fomentando la opción para los contribuyentes de pagar una parte de estos montos, con un acuerdo que implique hacerse cargo de entre un 20% a 40% de los impuestos en disputa. Ello aseguraría una recaudación en un año de US$2.500 millones a US$5.000 millones, dependiendo de cuántos contribuyentes se acojan a la conciliación.
A modo de comparación, en las reformas tributarias efectuadas durante la administración Bachelet se recaudaron US$1.500 millones por la regularización de capitales en el exterior y US$817 millones con el impuesto sustitutivo del FUT. El efecto de un cambio en esta dirección resulta evidente e incluso necesario, puesto que los contribuyentes frecuentemente prefieren pagar que estar sometidos a juicios interminables con el SII. De paso, compensaría el actual déficit fiscal del 3,1% del PIB estimado para 2017.
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Podríamos mencionar otros cambios que gatillarían mayor recaudación y compensar las bajas generadas por algunas medidas, como impuestos verdes, elevar el impuesto específico al diésel y eliminar la renta presunta. Lo importante es que se avance efectivamente en reformar la reforma.
*El autor es socio Tax & Legal BDO.
