El gobierno francés de Emmanuel Macron, avanzó en lo que promete ser el proyecto más complicado y polémico de su mandato: la reforma laboral, con la que busca activar la estancada economía francesa, consignó diario El País.

Macron presentó un proyecto de ley para legislar en esta materia por ordenanzas, lo que se trataría de un plan controvertido tanto en fondo como en forma, porque mediante las ordenanzas, quiere sortear al máximo al congreso, la Asamblea Nacional.

La diferencia de un decreto, una ordenanza requiere de la aprobación final parlamentaria, pero la acción de los legisladores es mínima ya que se trata de darle el visto bueno —o no— al texto final presentado por el Gobierno dentro de un plazo límite, pero sin posibilidad de enmendar su contenido. En vista de que Macron cuenta con una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, no es de prever que vaya a tener sorpresas de último minuto, explicó El País.

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Lo que cambiaría

El texto final de las ordenanzas no estará redactado hasta agosto. Pero lo adelantado ya por el propio Gobierno y lo que traza el proyecto de ley para habilitar las ordenanzas deja ver las líneas maestras de una reforma laboral que inquieta a un sector de la izquierda.

El portavoz del Elíseo, Cristophe Castaner, dijo que el principio transversal de la reforma, que constará de nueve puntos, es flexibilizar las normas laborales francesas, consideradas demasiado rígidas. "La actual normativa no se corresponde ya a la realidad económica actual, al desarrollo de las empresas y de la creación de empleo; además, protege mal a los asalariados y limita el diálogo social", afirmó.

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En tanto, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, aseveró por su parte que el objetivo es adaptar las normas laborales a un mundo "globalizado y digitalizado". Es un mundo nuevo, agregó, en el que tanto empresas como asalariados buscan nuevas seguridades y libertades y en el que también los trabajadores tienen "aspiraciones" diferentes, incluida una mayor movilidad laboral o la posibilidad del teletrabajo, algo que el actual código laboral, subrayó, no prevé siquiera.

En líneas generales, se trata de dar más flexibilidad a las negociaciones sobre las condiciones laborales, priorizando los acuerdos alcanzados dentro de las empresas entre propietarios y empleados, por encima de los acuerdos sectoriales. También se estudia crear un contrato híbrido entre el fijo y el temporal denominado "contrato indefinido de proyecto" cuyo término no estaría definido por una fecha concreta sino por el fin del proyecto para el que es empleado el trabajador. Otro de los puntos busca establecer un mínimo y un máximo a las indemnizaciones por despidos "sin causa real ni seria". Según el Gobierno, el máximo dará seguridad a las empresas sobre el coste de los despidos y así incentivar las contrataciones. Además, intenta fusionar las distintas instancias representativas de los trabajadores en las empresas, algo que sin embargo los sindicatos ven con reticencia, al igual que el argumento oficial que achaca a la rigidez y complejidad del actual código laboral la dificultad de reducir la tasa de desempleo, que roza el 10%, publicó el periódico español.

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