Entregar becas de capacitación laboral, facilitar los accesos a organismos públicos y aumentar su contratación en servicios del Estado, son parte de las tantas medidas trabajadas desde ya por el gobierno que buscan incluir una mayor cantidad de gente con características diferentes. Así lo indica la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, tras reconocer que todavía falta “mucho por hacer” en esta materia. Suma la importancia de trabajar con privados, como colaboradores primordiales en el financiamiento de campañas pro inclusión, y el beneficio que consiguen en sus ganancias finales.
¿Qué sucede actualmente con la inclusión laboral en Chile?
Estamos ad portas de ser un país con más desarrollo pero no así en inclusión, menos en el mundo laboral. No tenemos ningún mecanismo institucional, fiscal ni legal que motive la inclusión laboral y la no discriminación. En ese sentido nos queda mucho por hacer, estamos al debe.
¿Qué tipo de falencias se muestran en esta materia?
Una de las dificultades es respecto a las débiles evaluaciones de cantidad y condiciones en que están los discapacitados, obtenidas por el gobierno. Tenemos una encuesta sobre discapacidad que ya está desfasada. Es información que no está actualizada, lo que complejiza hacer políticas para solucionar estas carencias.
¿Qué ocurre con los departamentos estatales creados para beneficiar a los discapacitados?
Tenemos una institucionalidad todavía débil, con un Servicio Nacional de la Discapacidad que tiene recursos limitados para hacerse cargo de los desafíos. Hay un conjunto de jóvenes discapacitados que hoy van a las universidades y que necesitan equipamiento y apoyos especiales para hacer realidad la inclusión en la educación terciaria.
En cuanto al mercado laboral ¿qué sucede con las empresas?
Aún continúa siendo voluntario para ellas contratar a personas con discapacidad, a través de sus políticas RSE. Para la mayoría de la gente que cuenta con una discapacidad física o visual, una de las pocas alternativas que tiene es el auto empleo o el emprendimiento. Eso significa que no tienen seguridad social y que no están resguardados para el desarrollo de carreras.
¿Qué pasa con quienes muestran otro tipo de diferencias?
En cuanto a las opciones sexuales, las edades, diferencias étnicas y económicas, tampoco encontramos las mismas oportunidades. Hemos avanzado un poquito en la discriminación de género porque se frenó a través de una iniciativa de edad. Esta consiste en eliminar la exigencia de un currículum con determinantes físicas y etarias en las convocatorias de empleo. También hemos ido lentamente incorporando mujeres en otras áreas de la economía. La ley 20.609 de antidiscriminación incluye en los procedimientos la diferencia de edad, la filiación, la apariencia personal. El desafío aquí es informar de esta Ley, mediante alianzas con los privados.
POLÍTICAS A SEGUIR
¿Qué actividades se están haciendo para palear estas falencias?
Como gobierno, estamos estimulando las buenas prácticas, desarrollando alianzas con todos los actores que quieran promover tanto la Ley de Antidiscriminación como las prácticas inclusivas. Nos hemos vinculado con el Metro y Movilh para realizar una campaña de inclusión que tienen dos aspectos: uno, relacionado con la inclusión física (espacios e infraestructuras), y otro con el respeto. Es decir, un cambio cultural, cuyo resultado es un cambio en lo laboral.
¿Y en capacitación?
Desde este año, y por medio del Ministerio del Trabajo y Sence, estamos entregando becas de capacitación laboral a una cantidad muy importante de jóvenes con discapacidad tanto física como cognitiva.
¿Qué motivaciones existen para los organismos públicos?
Hemos desarrollado mecanismos concretos para que en todas las reparticiones públicas se contrate a un porcentaje de personas con discapacidad. También, que tales dispositivos del Estado se abran para que esta población acceda a los empleos públicos. Por ejemplo que la información de una Omil esté en lenguaje de señas.
¿Qué otra forma?
Queremos reactualizar los códigos de buenas prácticas en el sector público. Avanzar en los currículum ciegos donde no se pidan características que identifiquen la edad, el origen étnico o económico, y la imagen de las personas que postulen a los puestos de trabajo.
¿Cuál es el impacto económico generado por la inclusión laboral?
Si pensamos que el 15,6% de la población en Chile es mayor de 60 años, y el 12,9% es discapacitada, hablamos de grupos potencialmente muy importantes en el mercado laboral. Es decir, junto con ser un derecho, son cientos de granos más para el desarrollo de las economías.
Por otro lado, las empresas generalmente trabajan con esto porque mejoran su imagen social. Y ésta tiene un valor, en el que fideliza al cliente de elementos que hoy el consumidor valora.
