Intensos. Así han sido los últimos meses de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, encabezada por José Morales, que investiga las aristas penales de los últimos escándalos financieros. Y por lo visto, el ritmo de trabajo tampoco bajará durante los próximos meses.
El objetivo es doble. Que a principios de mayo se lleve a cabo la formalización a los imputados vinculados a la “Arista Linzor” del Caso Cascada, operaciones que ya fueron sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en octubre del año pasado; y realizar la nueva acusación a los ex ejecutivos de La Polar, debido a la reapertura de la investigación.
Linzor
Esta sería la segunda formalización vinculada al Caso Cascada. La primera fue contra el gerente general de las sociedades aguas arriba, Aldo Motta, por la eventual falsificación de actas del directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera. En este proceso se formalizó también a la abogada que ofició como secretaria de los directorios de ambas entidades, Claudia Morales.
Esta vez, la Fiscalía formalizará a imputados en la operación en la que Linzor fue un actor clave, adicionando operaciones a las ya cuestionadas por el regulador de valores local (ver recuadro).
Entre las diligencias pendientes están tomar declaraciones rezagadas a Cristián Araya -que según comentan fuentes entendidas en el proceso habría pedido cambio de hora tres veces- y el segundo interrogatorio de Aldo Motta, las cuales se realizarán durante este mes.
Además, la Fiscalía también estará recibiendo declaraciones vinculadas a la causa sobre falsificación de actas, que se enmarca dentro de la investigación en el Caso Cascada.
La Polar
En mayo -y a más de un año de la reapertura de la investigación- la Fiscalía volvería a acusar al ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde -quien también fue presidente de la firma-, a la ex gerente corporativa de Administración, María Isabel Farah y al ex gerente corporativo de Productos Financieros, Julián Moreno.
En esta nueva acusación se van a mantener los mismos hechos con algunas adecuaciones de pena como consecuencia de la nueva Ley de Lavado de Dinero.
Hay quienes indican que con este nuevo escenario el piso de la pena es de 5 años y un día, ya que la condena no puede ser mayor al delito base, que en este caso está contemplado en la Ley de Mercado de Valores.
Y como los imputados contarían con dos atenuantes, puesto que habrían colaborado con en el esclarecimiento de los hechos y además presentan irreprochable conducta anterior, el camino del juicio abreviado es una opción.
No obstante, cercanos a las tratativas indican que el juicio oral aún es una alternativa posible y viable.