Un operativo policial de la semana pasada en las calles de Melilla, España, terminó con la localización de cinco "menas", concepto usado para referirse a los menores extranjeros no acompañados.

Días antes, se interceptó a 23 niños y adolescentes, que pretendían viajar como polizones desde esa misma ciudad, emplazada en territorio africano, en un barco con destino a Granada.

Los "menas" son una realidad en España y un problema que el gobierno y las comunidades autónomas deben abordar.

De acuerdo a datos de la Junta de Andalucía, el año pasado más de cuatro mil menores llegaron a las costas españolas en forma ilegal. De ellos, 1.300 fueron acogidos en distintos centros de Cataluña. De hecho, sólo en noviembre esa región recibió a 220 niños, una cifra récord para sus registros.

Beatriz Silva, diputada del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Cataluña, publicó una columna en El Periódico, donde se refiere a estos menores como víctimas de una doble discriminación, en el sentido que "se prima su condición de extranjeros por sobre su condición de niños al no darles la misma atención que al resto de menores en situación de desamparo". Y agregó que, por otra parte, "se les discrimina con respecto a los menores que llegan acompañados de sus padres o de otros adultos que sí acceden a los recursos que les corresponden por su edad".

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Desde el socialismo español, incluso han solicitado al Ministerio de Sanidad que intervenga en Melilla, donde la situación se ha vuelto insostenible, y reclaman la falta de rigurosidad del Gobierno para repatriar a los menores que llegan desde Marruecos.

Cómo actúan los organismos

Según información del ministerio del Interior de España, cuando los "menas" son localizados por las fuerzas de seguridad de ese país son llevados a los centros de protección de menores.

De esta forma, el Estado entrega un servicio de atención inmediata de acuerdo a sus necesidades y se informa a la Fiscalía, que en un breve plazo corrobora la edad a través de la solicitud de exámenes de salud.

Al determinar que se trata efectivamente de un menor de edad, el Ministerio Fiscal dispone de los servicios de protección para su tutela.

Luego, "la entidad le informará, de modo fehaciente y en un idioma comprensible para éste, del contenido básico del derecho a la protección internacional y del procedimiento previsto para su solicitud, así como de la normativa vigente en materia de protección de menores".

Después viene un trabajo en conjunto con el Gobierno para iniciar el proceso de repatriación en caso que se acredite que el bien mayor es con su familia o tutela de origen. De lo contrario, y transcurridos nueve meses de su vínculo con los servicios de protección, el menor puede optar a la residencia, la que deberá renovar al cumplir 18 años y que será aprobada, considerando el nivel de inserción en la sociedad española.

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Buscando un mejor horizonte

El sociólogo de la Universidad de Navarra, Alejandro García, dijo a PULSO que existen dos categorías de menas: los que terminan bajo la tutela de alguna administración autonómica, y los que rehusan -o abandonan esta tutela- y adoptan una vida al margen de los servicios de acogida y protección. El académico señaló, además, que "las razones por las que abandonan sus hogares y sus familias están relacionadas con la precariedad económica, dificultades relevantes, o la marginación social".

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En tanto, para el doctor en Sociología, Carlos Livacic, "la realidad de la que salen a la que llegan es totalmente distinta. A pesar de que no manejan la lengua y no tienen trabajo formal cualquier cosa es mejor que la realidad que tenían antes y saben que es preferible morir intentándolo, buscando un mejor horizonte a quedarse en sus lugares de origen. Es paradójico y cruel, pero esa es la realidad. Ellos salen para subsistir".