Mercados financieros de Europa se preparan para ola regulatoria

Un verdadero tsunami regulatorio. Eso es lo que vivirán los mercados financieros en la Unión Europea el 3 de enero, cuando entren en vigor los cambios a la Directiva para Mercados de Instrumentos Financieros. El paquete regulatorio, conocido como MiFID II, contiene en unas 20.000 páginas normas que buscan aumentar la transparencia del mercado y reducir los riesgos en las operaciones. Abarca todo tipo de activos y no se limita a las operaciones en bolsa, sino a las realizadas en cualquier otra plataforma de transacciones. También afecta corredores de bolsa y administradores de inversiones extranjeros, que operen con un trader basado en Europa o comprar un instrumento financiero con un activo listado en la Unión Europea. Ejecutivos del mercado local creen que el impacto en Chile ha sido hasta ahora acotado, aunque en los actores más grandes sí se han visto obligados a revisar las medidas e implementar algunos cambios.

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"Los alcances de esta reforma regulatoria son bastante amplios. Desde cambiar la manera en que interactúan los asesores financieros con sus clientes (ya no pueden recibir comisiones del administrador de fondos, sino cobrarle únicamente al cliente) hasta la relación de los administradores de inversiones con proveedores de research", explica Axel Christensen, jefe de estrategia de inversión para Latinoamérica e Iberia de Blackrock.

Los cambios son tan grandes, que solo la Asociación Nacional de Bancos de Alemania cifró los costos de adaptación en 1.000 millones de euros (US$1.176 millones). Desde consultoras y gremios financieros advierten que son muchos los bancos, administradores de activos y fondos de inversión que aún están atrasados en la implementación de los cambios.

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La directora ejecutiva de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin, en alemán), Elisabeth Roegele, afirma que las normas ayudarán a mejorar la transparencia en los costos para los clientes, así como la calidad de la documentación exigida.

Uno de los cambios que afectarán directamente a los clientes de bancos, inversionistas retail e institucionales será que a partir de 2018 todas las comunicaciones con sus ejecutivos de cuenta y asesores de inversión deberán ser grabadas y archivadas. Las firmas financieras deberán grabar las conversaciones y conservar documentos, incluidos correos electrónicos, y mantenerlos durante cinco años, con la posibilidad de que el tiempo se extienda a siete años. También deberán implementar un sistema para que los registros estén disponibles a los clientes.

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El objetivo de esta nueva norma es poder demostrar, explica la BaFin, que, durante la conversación con el cliente, el asesor o ejecutivo de cuenta asesoró adecuadamente, según el objetivo de rentabilidad buscado, así como la tolerancia al riesgo del inversionista, no solo por su carácter, sino por la disponibilidad de sus recursos.

Para ello, además, fondos de inversión y bancos deberán especificar, con gran detalle, a qué público van dirigidos determinados productos e instrumentos financieros. Esto busca evitar, por ejemplo, que los inversionistas, especialmente los más pequeños, se vean expuestos a adquirir productos que no conocen o entienden, como los bonos estructurados.

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Una de las mejoras que supone el MiFID II es que los fondos de inversión y firmas financieras deberán informar a los clientes el detalle de los costos asociados a los productos u operaciones que quieren realizar. Específicamente, por ejemplo, se debe explicar a quienes adquieran cuotas de fondos mutuos cómo los costos de operación pueden reducir la ganancia final esperada. Uno de los objetivos detrás de la norma es generar no solo más transparencia, sino más competencia en la industria. Analistas advierten que las comisiones de los bancos y fondos podrían caer.

A esto se suma el costo de investigación. Hasta ahora, firmas como Goldman Sachs, JPMorgan o Citi asocian la venta de productos financieros a la labor de análisis de acciones determinadas o de mercados completos (monedas, materias primas, tecnología, etc…). Estos análisis son utilizados para tomar o sugerir estrategias de inversión. Actualmente dichos servicios forman parte de un solo paquete que se vende a los inversionistas, pero a partir del 3 de enero, los costos por análisis o investigación deben declararse por separado.

Asimismo, deben venderse por separado a los inversionistas, o asumir los costos a través de pagos directos con recursos propios por el servicio de investigación. El objetivo es reducir los conflictos de interés.

Esto tiene enormes consecuencias tributarias y operativas para los grandes bancos y administradoras de fondos, especialmente aquellas con operaciones fuera de la Unión Europea, que podrían enfrentar un conflicto con las regulaciones en sus países sede.

Como explica la consultora Shearman & Sterling, inversionistas no europeos que trabajen con firmas de inversión, bancos, brokers o traders basados en la Unión Europea se verán sorprendidos con la revisión de contratos y la reformulación de los costos, que serán facturados de manera distinta.

En la industria advierten que será un duro golpe para el negocio de investigación, y se proyecta que varios bancos podrían optar por cerrar sus negocios en esta área. Por ejemplo, Christensen, explica que en el caso de BlackRock han racionalizado la cantidad de proveedores de research, a favor de fortalecer sus equipos internos de investigación. "Creo que muchos analistas van a tener que buscar oportunidades en otras partes", advierte.

La consultora Shearman & Sterling también adelanta que los fondos e inversionistas que trabajen con intermediarias europeas recibirán nuevos contratos. En ellos se les pedirá que expresen su consentimiento a la nueva política de ejecución de órdenes (de inversión, compra y venta de acciones, por ejemplo). Esta política ahora debe incluir detalles sobre cómo se ejecutarán las órdenes recibidas. Además, una vez al año, los brokers y corredoras deberán publicar cuáles han sido las cinco bolsas o plataformas de trading en las que ejecutaron mayor cantidad de órdenes.

Esto es parte del eje vertebral de la MiFID II, que demanda a las firmas financieras "tomar las medidas suficientes" para garantizar que han obtenido el mejor negocio posible para sus clientes. Esto tiene varias aristas. Por ejemplo, las firmas de inversión deberán mantener suficientes registros sobre los precios de acciones, fondos y otros productos en el mercado, para poder demostrar que el precio ofrecido a sus clientes para un producto financiero fue "justo".

La MiFID II también apunta a reducir las operaciones privadas, conocidas como "dark pools". Casi todos los instrumentos financieros, salvo contadas excepciones como derivados muy sofisticados, deberán transarse en plataformas públicas. Los operadores deberán dar a conocer, además, amplia información sobre las transacciones casi de inmediato, incluyendo precio y volumen. Los archivos deberán mantenerse durante cinco años. El objetivo es, nuevamente, dar herramientas para que los inversionistas exijan a los corredores de bolsa o bancos demostrar que obtuvieron el mejor negocio posible para su cliente.

A pesar de que la regulación se ha trabajado desde hace siete años, la industria financiera parece atrasada en la adopción de los cambios. Aún hay un gran nivel de incertidumbre respecto al impacto que las nuevas medidas tendrán en el día a día de los mercados y en las decisiones de inversión, así como en la relación con operadores fuera de Europa.

Aunque hasta ahora el impacto en la plaza chilena ha sido acotado, sus principales actores sí están monitoreando el tema. "En Chile puede que el impacto no sea a corto plazo, porque hay relativamente poca interacción con administradores, traders o brokers europeos… Pero en el largo plazo puede que el tema regulatorio converja en la misma dirección. Así que podría afectar más en el futuro", afirma el gerente general de una de las principales AGF locales.

Grandes bancos y consultoras estadounidenses también advierten que podría haber un "efecto contagio", pues los reguladores de otros mercados podrían favorecer armonizar sus marcos normativos a las de sus pares europeos.

En el caso de Chile, la Bolsa de Comercio de Santiago presentó hace dos años a la Superintendencia de Valores y Seguros una batería de propuestas para aumentar la transparencia en el mercado. Aunque no tan estrictas como las medidas de la Unión Europea, las propuestas apuntan al mismo objetivo de reducir los conflictos de interés y las operaciones no públicas. Con toda la atención concentrada en la puesta en marcha de la Comisión para el Mercado Financiero, entidad que reemplazará a la Superintendencia de Valores y Seguros, el paquete regulatorio sigue pendiente.