No han querido realizar declaraciones públicas al respecto; sin embargo, tanto Principal como Metlife han trabajado en conjunto, desde Estados Unidos, para mostrar sus inquietudes y reparos respecto a los cuestionamientos realizados en Chile a los procesos de fusiones de sus AFP Cuprum-Argentum y Provida-Acquisition, respectivamente.
Los controladores estadounidenses de ambas administradoras han sostenido reuniones con las autoridades de EEUU y de Chile para hacerles saber su postura. De manera conjunta, pero también por separado, han visitado al embajador chileno en ese país, Juan Gabriel Valdés, e incluso a autoridades del gobierno norteamericano, mientras que en nuestro país se han reunido con el embajador estadounidense, Michael A. Hammer.
Las citas se han dado ante la insistencia de parlamentarios chilenos, liderados por el DC Fuad Chahín, de anular ambas fusiones -ya aprobadas por la SVS y la Superintendencia de Pensiones-, amparados en que las operaciones generaron un ahorro tributario (good will) para sus controladores (US$129 millones para Cuprum, del grupo Principal, y US$288 millones para Provida, de Metlife) que habría sido perjudicial para las arcas fiscales. A ello se sumaron los cuestionamientos hechos por la ministra del Trabajo al mecanismo elegido por la Superintendencia de Pensiones para aprobar la operación, a lo que se sumó el pronunciamiento adverso de la Contraloría General de la República.
Pese a que entre los controladores de las AFP y en las administradoras tiene claro que jurídicamente es imposible anular las operaciones, tal como han planteado algunos parlamentarios, la preocupación de los controladores apunta a lo “permeable” que ha sido la política a un tema como éste, eminentemente técnico y en el que se ha seguido al pie de la letra lo que ha pedido el regulador. Dado ello y en el hipotético caso de ir en contra del Estado de Derecho, las dudas se centran en qué sucederá con todo lo que se ha desarrollado después de las operaciones fueron aprobadas, incluidos los nuevos afiliados en cada administradora.
Al interior de los dos grupos controladores se señala que entre las opciones que están sobre la mesa se encuentra la de realizar una reclamación formal al Estado de Chile, amparados en el tratado de libre comercio (TLC) que mantienen ambos países.
Es que los estadounidenses sostienen que el good will es un mecanismo que ha sido utilizado por otras compañías en el país. Amparados en ello, sostienen que el artículo 10 del TLC entre Chile y EEUU establece que a la inversión del otro país se le debe dar un trato no menor al de los inversionistas locales o extranjeros de un país no partícipe del acuerdo.
De llegar a prosperar lo planteado por los parlamentarios, la reclamación ante el gobierno chileno no sería lo único, sino que también están entre las alternativas acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El acto conjunto se suma a lo realizado mese atrás por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (Amcham) -donde Principal y Metlife son como socios estratégicos-, cuando tomó contacto con la Embajada de Chile en Estados Unidos para expresarle el interés de la organización en torno al desarrollo de esta situación.
¿Cambio de estrategia?
Pese a no emitir opiniones públicas, por lo menos AFP Cuprum ha seguido una estrategia un poco más “visible”
Lo primero que se supo es que la administradora se hizo parte del proceso que llevaba la Contraloría tras la solicitud hecha por los diputados Fuad Chaín y Ricardo Rincón. Como parte de ello, la administradora presentó en noviembre pasado un documento donde señaló -de acuerdo a lo consignado por Diario Financiero- que “queremos hacer presente (...) la enorme preocupación que nos causa el pronunciamiento que se requiere de esa alta investidura, ello especialmente porque en el desarrollo de los hechos (...), hasta ahora se ha omitido la consideración de carácter técnico y especializado que conllevan las actuaciones cuestionadas”.
El pasado 19 de enero la subcontralora Patricia Arriagada, quien firmó el dictamen sobre la fusión Cuprum-Argentum, recibió a Cristián Edwards, gerente legal y corporativo de Principal Financial Group, instancia en los que abordaron los reparos del organismo respecto de la operación. El mismo Edwards, ayer, través de una carta en El Mercurio señaló que “el camino seguido por Principal cumplió estrictamente con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; y fue el que instruyó que se debía seguir la Superintendencia de Pensiones”. Lo anterior, considerando que entre los argumentos contrarios a la fusión se ha esgrimido que Argentum se habría constituido con el único fin de participar en el proceso y que nunca ofreció servicios, agrega Edwards.
