El rol del Metro cambió en 2007 con el advenimiento del Transantiago. Esta política pública, que ha implicado grandes costos para el fisco, le dio una nueva función al tren metropolitano, con tasas de ocupación similares al de otros ferrocarriles de grandes ciudades. Aunque no es justificación, sus indicadores financieros y de calidad se han deteriorado desde ese instante a la fecha y nada hace prever que ello mejorará en el futuro. Aunque es materia de debate internacional si los sistemas de transporte deben autofinanciarse o si por su naturaleza de servicio público exigen subsidios, el Metro fue un ejemplo de empresa bien administrada, con utilidades operacionales y una posición de liderazgo y orgullo a nivel mundial. Lamentablemente estos rasgos se han debilitado considerablemente. Que una acumulación de basura haya generado el corte del viernes pasado solo muestra que hay graves problemas de gestión y de priorización de las inversiones. El actual Gobierno no ayudó a esto con su decisión de remover a todas sus autoridades sin tener a mano alternativas y está traspasando una cuenta alta a millones de usuarios del sistema de transporte. La ocasión parece ideal para preguntarse -al menos- si llegó el momento de que los privados ingresen a operar un sistema complejo como el Metro de Santiago, que requiere inversión, pero sobre todo gestión, la que hemos echado de menos en las últimas administraciones.