La población de inmigrantes en Chile es creciente. Hoy suman 465 mil y se espera que el censo 2017 esa cifra sobrepase los 600 mil.

En línea con ese aumento, se ha incrementado la cantidad de expulsiones. De acuerdo a cifras del Departamento de Extranjería y Migraciones, que entregó a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, entre 2013 y el primer semestre de 2017 se han decretado 11.880 expulsiones, sin embargo, en dicho plazo sólo se han concretado 4.165 deportaciones. Es decir, un 35% del total.

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Entre las nacionalidades con mayor número de expulsiones en dicho período los colombianos son los que lideran la lista, con 524. Le siguen los peruanos con 166 expulsados. Si bien esta composición ha ido cambiando en los últimos cuatro años, los países que se ubican en las primeras posiciones se han mantenido en dicho período. En 2012, Perú fue la nacionalidad con más ciudadanos deportados (444), seguido por Colombia con 239 y Bolivia con 181. En 2013, Bolivia, tomó el primer lugar con 419 expulsiones, seguido por Perú y Colombia con 391 y 207 respectivamente.

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En cuanto a las expulsiones judiciales, el reporte señaló que entre 2013 y el primer semestre de 2017 se totalizaron 1.380, siendo en 2015, el año donde más deportaciones se concretaron con 412. Entre enero y agosto de este año, el número llegó a 229.

¿Cuáles son las razones?

Una de las razones que explican el retraso de las expulsados responde a demoras en el proceso administrativo por parte de la autoridad de Gobierno. Otra explicación es que el presupuesto asignado para el proceso de deportación disminuyó, por lo que los efectivos de la PDI disponen de menos recursos para realizar el trabajo de expulsión, el cual consiste en viajar al lugar de origen de los deportados.

Esto porque una vez que el Ministerio del Interior firma los decretos de expulsión, la PDI es el órgano encargado de materializarla. Pero hacerlo no es simple, puesto que deben enviar a un grupo de policías para que lleven al inmigrante deportado a su país. Todo esto debe ser financiado por el presupuesto de la PDI. En este punto, el factor recursos ha sido determinante durante el último año, ya que el actual presupuesto no alcanza para cumplir con las expulsiones decretadas por lo que hay un atochamiento en el proceso. De todas formas, desde el Gobierno señalan que hoy se están privilegiando las deportaciones de extranjeros que hayan cometido delito.

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Ahora bien, ante un proceso de expulsión, el extranjero o algún miembro de su familia podrán reclamar judicialmente ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas, contado desde que tomó conocimiento de la medida de expulsión. La persona debe argumentar por qué se considera que no debe ser expulsado a la Corte Suprema, que responderá dentro del plazo de 5 días desde su presentación.