Cuando el huracán Irma golpeó a la zona de Big Pine Key en Florida en septiembre provocó el colapso del suelo de la casa móvil de Terry y Sharon Baron. En Marathon Key, 32 kilómetros al norte, el fuerte viento levantó la casa móvil de Diane Gaffield arrancándola de su base de concreto y estrellándola contra la vivienda de su vecino. Y poca distancia, el hogar de Kimberly Ruth, también una casa móvil, simplemente se desvaneció en medio de la tormenta.
Irma fue solo el comienzo de sus problemas. Las normas de construcción de los Cayos de la Florida prohíben explícitamente el reemplazo o la reparación sustancial de viviendas móviles, debido a su vulnerabilidad ante los huracanes. Eso deja tres opciones a los propietarios de casi 1.000 casas móviles y caravanas dañadas o destruidas por la tormenta: encontrar un alojamiento más estable, reparar sus casas a la espera que los fiscalizadores no lo noten, o dejar los Cayos. "No hay un lugar para vivir", se queja Sharon Baron.
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Alrededor del país, la respuesta del gobierno a los fenómenos climáticos está llevando a personas de bajos ingresos, como la familia Baron, lejos de la costa, usualmente en nombre de su propia seguridad. Expertos en viviendas, activistas y economistas han acuñado el término "gentrificación climática".
Seguros por inundaciones
Las normas de construcción cada vez más estrictas hacen que sea más costoso construir una vivienda. Lo que se agrava con el alza de los costos de los seguros federales contra inundaciones. Además, cuando los gobiernos locales emiten deuda para pagar murallas y otro tipo de protección contra inundaciones, como el año pasado en Miami, usualmente se suben los impuestos, lo que aumenta aún más los costos.
Los huracanes e inundaciones afectan de forma desproporcionada a las familias de menores ingresos, que tienden a vivir en casas más antiguas y vulnerables al agua y el viento. Esas casas usualmente son reemplazadas con viviendas más grandes y costosas. Además, cuando las tormentas destruyen viviendas sociales, estas a veces no son ni siquiera reemplazadas, reduciendo aún más las opciones para las familias que no pueden pagar los crecientes precios del mercado.
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Es una tarde soleada y Sharon Baron, de 73 años, está pensativa fuera de la caravana temporal que ella y su esposo recibieron de la Agencia Federal de Administración de Emergencias.
Después de 44 años en los Cayos, no quieren irse. Pero con un ingreso de solo US$32.000 al año, la mayoría proveniente de la Seguridad Social, no pueden costear los US$2.000 mensuales que dicen cuesta un alquiler en la zona. Cada mes, un empleado de la Agencia pasa por la caravana recordando a la pareja que deben encontrar una nueva vivienda antes del 1 de junio, cuando comienza la próxima temporada de huracanes.
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Residentes, investigadores y activistas afirman que el calentamiento global no solo está comenzando a cambiar las características físicas de las ciudades costeras, sino también su economía y demografía. Funcionarios locales están escuchando y comenzando a preocuparse.
