A reorganización bajo la nueva ley de quiebras de sometió el proyecto de yodo y nitrato Eloísa, iniciativa donde los empresarios Arsenio Molina y la familia Iribarren comparten como socios gestores, junto a Juan Andrés Camus y Jorge Errázuriz como inversionistas financieros.

El desarrollo buscaba producir 2.000 toneladas de yodo de alta pureza y 200 mil toneladas de nitrato de sodio o 240.000 toneladas de nitrato de potasio, mediante el procesamiento de sus reservas de caliche, Sin embargo, optó por una reorganización luego que fracasaran los intentos de la administración de hacer el proyecto rentable, ante el desplome de los precio de nitrato y yodo. A ese difícil escenario se sumó últimamente su infructuosa búsqueda de un socio.

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De acuerdo al documento presentado el 31 de enero ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, el proyecto de US$75 millones estaba a medio camino; sin embargo, durante su construcción se vio acosada por el negativo escenario del mercado del yodo.

En concreto, la iniciativa se había evaluado en el contexto de un precio de entre US$62 por kilo y US$40 por kilo, lo que generaba un positivo retorno considerando que el costo de producción proyectado era de entre US$20 por kilo y US$ 22 por kilo. Sin embargo, en plena construcción, en 2016, el precio del yodo llegó a tener un valor de USD$18,5 por kilo.

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Anteriormente el escenario ya había sido complejo. En julio de 2015, las marejadas y posteriormente las inundaciones registradas al mes siguiente, destruyeron parte de las instalaciones de bombeo del agua de mar, que Eloísa tiene construidas a 2 kilómetros de la playa.

En este contexto, se contrató la asesoría de Quiroz y Asociados, con el propósito de realizar una reevaluación económica del proyecto para hacerlo viable. En paralelo, se contrató al Banco de Inversión Rothschild LLC, para la búsqueda de nuevos inversionistas.

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El revés en este último proceso fue lo que rebalsó el vaso. "La búsqueda de inversionistas se extendió durante el año 2017, ello bajo la dirección de Rothschild LLC y consideró un total de 37 posibles inversionistas, todos ellos actores del mercado del yodo o nitrato. Dos de ellos realizaron ofertas no vinculantes, las que fueron posteriormente retiradas. La última oferta se retiró el 23 de enero de 2018", se lee en la demanda a través de la cual se solicitó la reorganización.

Esta situación, agregaron en el documento, generó que el proyecto Eloísa se encuentre actualmente "en un grave estado de insolvencia", debiendo unos US$30 millones a los principales acreedores. En concreto, al banco BCI se le adeuda unos US$24,8 millones, a Construcciones y Montajes Com S.A. unos US$3,5 millones y a United Sistemas de Tuberías Ltda. otros US$ 1,7 millones al 31 de diciembre de 2017.

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Durante el desarrollo del proyecto, en 2013, los inversionistas realizaron un aporte de US$50 millones y posteriormente desembolsaron otros US$14 millones adicionales, monto que se entregó durante los últimos dos años.

"Desde la fecha de los siniestros indicados, los inversionistas del proyecto asumieron el financiamiento de la continuidad de la compañía y la preservación del activo, como también las nuevas inversiones en campañas de sondajes, análisis químicos y estudios de ingeniería necesarios para validar la reformulación del proyecto y fundamentar las nuevas necesidades de capital para concretarlo", cuentan.

El veedor a cargo de esta liquidación es Patricio Jamarne, y tras el inicio de la reorganización, es espera que los terceros involucrados acrediten su deuda para posteriormente recibir una propuesta. De no alcanzarse acuerdo, la empresa podría ser sometida a liquidación.