Cuatro días después de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogiera la medida cautelar solicitada por Transanber para paralizar la licitación del 50% de la flota que actualmente opera en el Transantiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó a la instancia la documentación para defender el proceso. La firma de transportes denunció prácticas anticompetitivas en las bases del proceso, lo cual fue rechazado por el Gobierno. La cartera también pidió la reactivación del proceso.
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En el documento, que contó con la asesoría del estudio jurídico Ferrada & Nehme, expertos en materia de libre competencia, el ministerio aseguró que con los antecedentes expuestos en la presentación de Transanber, así como con las declaraciones emitidas en la prensa, es posible inferir que su objetivo final no es participar en un nuevo llamado de licitación. Así, advierte que buscaría utilizar la resolución del TDLC. De hecho, menciona que su representante, Luis Vargas Pavez, reconoció públicamente su intento por negociar la entrega de un subsidio a cambio de retirar la demanda.
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El Ministerio aseguró que el peor escenario para los usuarios es la prórroga de los actuales contratos de operación, pues ello supondría un alto costo monetario para el país, así como también un retroceso en las mejoras de calidad de servicio que se busca impulsar a partir de las nuevas exigencias de la actual licitación. En el escrito señaló que de extenderse la medida cautelar y, con ello, interrumpirse el cronograma de trabajo establecido, la cartera se verá en la obligación de mantener a los operadores actuales de manera indefinida. Este escenario, a su vez, se traduciría en dar a éstos una posición monopólica frente al Gobierno. En concreto, dice que de acuerdo con estimaciones realizadas por consultoras externas al MTT, el costo de prorrogar por un período de ocho años, versus generar nuevos contratos, sería de US$3.459 millones.
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Transanber había acusado de que las bases de la licitación serían discriminarios por la flota exigida y los plazos definidos, entre otros. En defensa a los cuestionamientos de Transanber, el ministerio aseguró que al exigir una flota de buses más pequeña, los terminales también serían de menor tamaño, lo que favorecería la competencia y reduciría las barreras de entrada.
Por otra parte, destacaron que al disminuir el tamaño de las unidades licitadas, se amplía el número de operadores, pasando de los cuatro actuales a seis. A su juicio, esta decisión evidenciaría por sí misma el interés del MTT por incentivar el ingreso de nuevas empresas. Consigna también que la renovación de buses requerida por la actual licitación, exige el mismo estándar tanto a nuevos operadores como a los ya presentes en el sistema.
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Respecto a las acusaciones sobre la falta de información para el desarrollo de propuestas por parte de los interesados y el plazo entregado para presentarlas, afirma que todos los plazos se han ajustado a la normativa vigente, incluso excediendo los dispuestos en la ley y que la variedad y cantidad de empresas que presentaron ofertas da cuenta de la razonabilidad de los plazos previstos.
