Entre las tantas cosas malas que se han descubierto en el país en el último tiempo, y sobre las que nadie había reparado en los últimos 25 años, cuando muchos las encontraban buenas, están las AFP y el sistema de pensiones de capitalización individual que estas administran. La alternativa, por cierto, un sistema de reparto, se asegura, entregaría mejores pensiones que las AFP y, supuestamente por esta razón, algunos quisieran reemplazar o, más bien, volver a un sistema de reparto, pero las comparaciones que se hacen son incorrectas e injustas. El sistema de capitalización individual, como su nombre lo indica, entrega pensiones relacionadas directamente con el ahorro realizado durante la vida laboral de una persona y, por lo tanto, es autofinanciado. Las pensiones originadas en un sistema de reparto, en teoría, están financiadas por las cotizaciones que realizan quienes se encuentran trabajando y la tendencia internacional, así como la histórica en Chile, es a que estos sistemas estén desfinanciados a pesar que las cotizaciones eran sustancialmente superiores al 10% actual. El desfinanciamiento ocurre porque se entregan beneficios para los que las cotizaciones son insuficientes y por los cambios demográficos, que reducen la fuerza de trabajo y extienden la vida de los jubilados. Resolver este problema de financiamiento requiere reducir los beneficios, aumentar el impuesto al trabajo (las cotizaciones) u otros impuestos, pero la comparación de las pensiones en uno y otro sistema no puede hacerse sin considerar de donde salen los recursos que permitirán pagarlas y el efecto que producen.

Una de las críticas que se hace al sistema de AFP es que paga pensiones muy bajas, lo que se atribuye a diferentes causas, las que no alcanzan al estándar de representar un 70% de las últimas remuneraciones percibidas. Si bien esto es cierto, la responsabilidad no es de las AFP sino de la historia macroeconómica del país y las regulaciones en el mercado del trabajo. En efecto, la tasa de desempleo desde 1981 ha sido de dos dígitos por largos períodos, lo que se explica por las regulaciones en el mercado del trabajo que impiden una rápida absorción del desempleo. En consecuencia, entonces, las bajas pensiones se explican por una baja densidad de las cotizaciones, atribuible a largos períodos de desempleo y/o de trabajo informal. En el otro extremo se encuentra el caso de quienes tienen una densidad cercana al 100% y que reciben pensiones muy similares a la base de las últimas cotizaciones. Este es el principal problema que hay que enfrentar y dada una densidad razonable de cotizaciones (y su dispersión) se puede evaluar la necesidad de elevar la tasa de cotización a, por ejemplo, 13% y la edad de jubilación de referencia (porque no es obligatoria), para que las pensiones que se deriven sean consistentes con la tasa de reemplazo deseada. El caso de las mujeres es particularmente complicado porque tienden a cotizar menos, se jubilan antes y viven más que los hombres, lo que se traduce en pensiones más bajas. Incentivar el ahorro voluntario también es deseable.

Como está de moda el tema, uno de los factores a los que se atribuye el bajo monto de las pensiones es el lucro. Según este argumento, las AFP ganan demasiado y eso perjudica las pensiones. Sin embargo, si se compara el total de las utilidades obtenidas por las AFP el año pasado con el total de los fondos acumulados en las cuentas individuales, se constata que representan apenas un 0,4% de estos. Evidentemente, si las utilidades de las AFP se repartieran proporcionalmente entre las cuentas de los afiliados, esto sería equivalente a tener una rentabilidad mayor y elevaría las pensiones, pero no resolvería el problema de fondo y nadie tendría interés en tener una AFP. Relacionado con lo mismo, se plantea que hay poca competencia en el sistema, lo que se traduce en comisiones muy altas con el mismo resultado ya comentado. Con las licitaciones de afiliados en los últimos años, las comisiones han bajado sustancialmente y eso se traducirá en mejores pensiones pero, de nuevo, sin resolver el problema de fondo asociado a la baja densidad de cotizaciones. Con todo, que haya más competencia y se reduzca el costo del sistema siempre será positivo, pero esto ha sido logrado con las licitaciones y será muy escaso, si es que existe, el beneficio que generará en este sentido la creación de una AFP estatal con implicancias negativas potencialmente muy importantes. Sería preferible, en esta línea, buscar mecanismos que induzcan a los cotizantes a cambiarse a las AFP más baratas, aunque teniendo presente que la rentabilidad (y cotizar) es el factor clave en el largo plazo para asegurar una buena pensión. Se ha dicho, también, que con las cotizaciones que se pagan en la actualidad se podría duplicar el monto pagado en pensiones actualmente. La trampa de este argumento es la misma que afecta a los sistemas de reparto: los cotizantes en la actualidad son 5,5 millones y los jubilados 1,1 millones, pero esta relación de 5 a 1 no es sostenible en el tiempo ya que el número de jubilados deberá aumentar considerablemente cuando el sistema alcance su madurez y, por razones demográficas, los cotizantes disminuirán.

A casi 35 años de su creación el sistema de pensiones, que ha contribuido al desarrollo y profundización del mercado de capitales, necesita ajustes pero no ser reemplazado por un sistema que en Chile fracasó y generaba desigualdades e inequidades enormes según el trabajo realizado y la “caja” en la que se cotizaba.

*El autor es gerente de estudios de Gemines S.A.