Nuevamente las juntas ordinarias de accionistas de las sociedades que forman parte de la cadena de control de SQM fueron escenario de las disputas entre los minoritarios y Julio Ponce.
Tanto en Norte Grande (NG) como en Oro Blanco (OB) los representantes de las AFP y de Moneda rechazaron la memoria, estados financieros y balances, aunque su voto minoritario no impidió su aprobación.
A la negativa, se sumó la petición de la administradora presidida por Pablo Echevarría, que exigió la renuncia de Ponce Lerou al directorio en ambas sociedades. Carlos Frías, fiscal de Moneda, exigió al presidente de las juntas de OB y NG, Luis Eugenio Ponce, “la renuncia formal de Julio Ponce Lerou a la Presidencia”, toda vez que “la SVS en su resolución sancionatorio le atribuyó gravísimas y reiteradas infracciones a la Ley de Mercados de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas, conductas que han atentado contra el interés social de esta compañía”.
“Esto, unido a la reciente salida de Julio Ponce Lerou del cargo de presidente del directorio de Soquimich por graves cuestionamientos a financiamientos irregulares de dicha compañía, hace que la salida del señor Ponce sea un imperativo a fin de no seguir dañando el patrimonio de esta compañía”, dijo Frías.
A la vez, apuntó que los estados financieros de las sociedades no indican el monto de las multas cursadas por la SVS contra Ponce y a Aldo Motta, y que “tampoco indican las posibles consecuencias para la compañía de confirmarse dichas multas, tanto desde el punto de vista civil, como desde la perspectivas de investigaciones penales”.
En Norte Grande, Frías también reclamó contra el alza del sueldo del gerente general en el período en que la SVS emitió la sanción. “Nos llama poderosamente la atención el hecho que la remuneración del señor Aldo Motta Camp se haya incrementado en el período 2014 desde USD251 mil a USD300 mil (un 19,5%), en circunstancias que dicho ejecutivo se encuentra multado por la SVS por graves y reiteradas infracciones a la Ley de Valores y de Sociedades Anónimas, está formalizado por el Ministerio Público en una investigación por presunta falsificación de actas, y está demandado civilmente por varios accionistas de esta Compañía por hechos que han perjudicado el interés social. No entendemos de qué manera el señor Motta ha contribuido con sus servicios al desarrollo de esta Compañía que justifiquen un alza en sus remuneraciones”, dijo.
A la vez, el representante de la administradora se fue en picada respecto de la reelaboración de los EEFF luego de que el regulador ordenara reversar US$108 millones de utilidades contables generadas por Pampa Calichera en 2009, a través de transacciones sancionadas en el marco del Caso Cascada.
“Al rehacer los EEFF de dicha filial se indica que para reflejar los resultados por venta de acciones de una asociada y el abono a la cuenta de inversiones se debe utilizar otra metodología, (método de la participación) por lo que el ajuste que Pampa Calichera hizo respecto a los resultados fue por poco más de USD14 millones. Como esta determinación va en contra de las instrucciones de la SVS, no se indicó en los EEFF si esto fue hecho con el acuerdo o el visto bueno de la SVS, por lo que estos EEFF pueden ser modificados a petición de dicho organismo”, dijo Frías en las juntas de NG y OB.
Cabe recordar que Moneda y las AFP mantienen una fuerte disputa contra Ponce, y que en 2012 lo denunciaron a la SVS. El año pasado, el regulador multó al controlador de la Cascada con US$70 millones, y a Aldo Motta con US$24,2 millones.