El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) ha creado un grupo de trabajo para analizar el marco regulatorio del financiamiento colectivo que plataformas en internet reúnen a través de una amplia variedad de inversionistas y para iniciativas de múltiples perfiles. La decisión del CEF, que es parte de un paquete más amplio de medidas de regulación, es oportuna porque se hace cargo de una realidad en aumento y que actualmente está sin ningún marco legal. Lo primero que la autoridad debe despejar es si estas plataformas realizan captación de fondos, pues por ley se establece qué entidades pueden hacerlo. De ese análisis también debería surgir qué regulador, si es que amerita, debe controlar, si se requiere de alguna auditoría especial o si aquellas están obligadas a informar, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores, para lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. O por el contrario, obligar a las plataformas a explicitar que no son reguladas. Así nadie se encuentra con sorpresas ingratas. Pero también parece oportuno reflexionar respecto a que debido a los rápidos avances tecnológicos, puede ocurrir que los productos financieros hayan evolucionado también, por lo que ya no se pueden mirar de la misma forma que hace 30 años.
