Expectación causó el proyecto Inmobiliaria Popular, que presentó ayer el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). La iniciativa tiene un costo inicial de 37.682,7 UF ( US$1,67 millones) y busca satisfacer las necesidades habitacionales de los vecinos de esa comuna.

El primer proyecto contempla un edificio con 38 departamentos de 55 m2 en un terreno municipal ubicado en la calle Justicia Social. Las viviendas serán puestas a disposición para el arriendo de familias de hasta seis personas desde marzo del 2019 y por un período máximo de 5 años.

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Según el alcalde, el arriendo se pagará de forma proporcional: el valor sería el 25% de los ingresos familiares. El monto final desembolsado por los habitantes incluso podría ser devuelto, ya que actualmente la municipalidad se encuentra diseñando un sistema para que el dinero sea restituido si se busca adquirir en el futuro una vivienda.

El edil, a su vez, informó que el cumplimiento de los pagos y la mantención del inmueble serán fiscalizados por un administrador municipal.

"Nosotros vamos a ampliar la cantidad de edificios, esperamos que esta oferta vaya creciendo año a año", señaló Jadue, quien evalúa además realizar un nuevo proyecto en 2019. Según aseguró, se encuentran estudiando terrenos para futuras construcciones con el mismo fin.

Reacciones

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) celebró el objetivo de la iniciativa. "Esa preocupación (arriendo justo) la compartimos. Por eso llevamos años monitoreando el déficit de viviendas y haciendo propuestas concretas al respecto", señaló su vicepresidente Patricio Donoso, quien añadió que la solución a esta problemática surge del trabajo en conjunto entre el sector público y el privado. Lo anterior, según Donoso "es lo que ha hecho que nuestro país haya podido reducir notablemente el déficit habitacional en unas pocas décadas, como ningún otro país en el continente". Es por esto que el ejecutivo propuso "definir una política de largo plazo de provisión de suelo en zonas consolidados, para así disminuir el precio de los terrenos, mejorar y potenciar el actual subsidio de arriendo".

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Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), en cambio, mostraron preocupación por la construcción de estos inmuebles. Pese a señalar que "nadie puede estar en contra de este tipo de objetivos", el director ejecutivo del gremio Vicente Domínguez, indicó que este tipo de acciones han desencadenado problemas en los países donde ya existen como Inglaterra, Italia y Francia. El primero de estos sería la evasión en el pago del arriendo, a lo que sumaría el cuidado deficiente de los activos. "Este ha sido un grave problema y los activos se han ido desvalorizando, porque no se han mantenido adecuadamente", afirmó Domínguez. Un tercer problema sería la redirección del presupuesto municipal, ya que habrían otros programas se estarían sacrificando para una iniciativa que tendría varios desafíos.

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