MIENTRAS EN Chile el aparato público sigue creciendo (el proyecto de paso de funcionarios de contrata a planta así lo indica), en Argentina las políticas del Presidente Mauricio Macri apuntan en el sentido contrario: anunció la implementación de un programa de ajustes en la estructura del Estado, como señal de austeridad de su Gobierno con el objetivo de reducir el déficit fiscal en ese país.

Tres son los principales cambios revelados por el mandatario: la reducción del 25% de los cargos políticos (más de 600 puestos), el congelamiento durante un año de los sueldos de los ministros, secretarios y subsecretarios de la Casa Rosada y que los secretarios de Estado no podrán tener familiares dentro de la administración pública de Argentina.

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Actualmente, en el país trasandino hay 20 ministerios, 85 secretarías de Estado, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales y 122 institutos y organismos.

Dentro de las prioridades autoimpuestas por el Presidente electo, Sebastián Piñera, se ha anunciado un plan de modernización del Estado que apuntaría a mejor la productividad, reducir la burocracia y, en términos generales, mejorar el estándar de funcionamiento del aparato púbico y el fin de programas mal evaluados.

Como referencia, entre 2014 y 2017 se han evaluado a través de paneles externos 79 programas por un costo de US$3.765 millones.

De esta revisión, 47 programas han sido calificados con desempeño insuficiente, según la Dipres, 28 con desempeño suficiente o bueno, y en cuatro no se encontraron resultados suficientes para llegar a una de esas conclusiones.

Los 47 mal evaluados representan US$1.803 millones, equivalentes al 48% del monto total entregado en el Presupuesto de cada año.

En esta línea, sería interesante que el próximo mandatario revisara lo que se ha hecho en Argentina e impulsara las mejores prácticas de este programa.

Evidentemente la modernización del Estado chileno es una tarea pendiente de todas las últimas administraciones.