10% de los empleados públicos ejerce cargos altamente calificados sin tener educación superior

Hasta un 20% más de ingresos que sus pares de igual nivel educacional puede obtener un funcionario público que accede a un cargo para el cual no está calificado, realidad que cuentan 74.920 personas de la administración gubernamental.

Eso se desprende de un estudio del economista de la Pontificia Universidad Católica, Juan Bravo, que estimó que un 10,2% de los 737.117 asalariados del sector público que se desempeñan en empleos de alta calificación tienen sólo estudios de enseñanza media, y no de educación superior como lo exigiría el cargo que ocupan. (Ver infografía)

Tomando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) para el trimestre julio-septiembre 2020, el investigador determinó el descalce de los empleos según la clasificación fijada por la OIT que mantiene el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Existe, por un lado, el nivel educativo del trabajador y, por el otro, un nivel de calificación que el empleo requiere en función de la complejidad y rango de las tareas, los cuales se ordenan en 9 categorías”, explica.

Es así como los empleos de alta calificación se agrupan en 1, 2 y 3 categorías a la cual pertenecen los directores, gerentes y administradores; profesionales, científicos e intelectuales; técnicos y profesionales de nivel medio. La mediana calificación comprende a los trabajadores en los grupos del 4 al 8 como personal de apoyo administrativo; trabajadores de servicios y vendedores; agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; artesanos y operarios de oficios; operadores de máquina y ensambladores. Y en el último grupo, el 9, de baja calificación se cuenta a las ocupaciones elementales.

Bajo esta lógica, los asalariados públicos con hasta educación media que se desempeñan en empleos de alta calificación ganan en promedio $620.682 mensual, un 20,2% más que el promedio de $516.205 que obtienen sus iguales que trabajan en empleos correspondientes a mediana o baja calificación acorde con su nivel de preparación.

“Para evaluar si el Estado es eficiente en el uso de los recursos, una parte es la evaluación de los programas públicos, y otra muy importante es la política de contratación de los recursos humanos, ya que el ítem de salarios es muy relevante. Un elemento esencial para el uso adecuado de los recursos públicos es que en los cargos de más responsabilidad estén las personas más idóneas. Las ineficiencias que provoca ese descalce son pagadas por todos los contribuyentes”, sostiene Bravo.

Entre las hipótesis de Bravo para explicar por qué ocurre este descalce, menciona la experiencia laboral y las designaciones personales. “Como no todos los cargos en el sector público se eligen por sistemas concursables, muchas veces en los cargos de confianza hay espacios para elegir a dedo, y se nombran a personas porque son conocidas aunque no necesariamente tengan los niveles educativos acordes para el puesto”, subraya.

Otro factor, indica, puede ser que existan funcionarios que tras llevar tanto tiempo en el administración pública, aunque no cuente con el nivel de enseñanza necesaria, tienen un alto bagaje por experiencia. “Hay personas que han generado su capital humano no por la educación formal, sino por la experiencia en el trabajo, han aprendido muchas cosas prácticas que les ha permitido ir ascendiendo y eso no tiene nada que ver con favores políticos”, acota. No obstante, igualmente se pregunta si no sería más eficiente contratar para ese cargo a una persona con un nivel mayor de educación formal.

Sobrecalificados. Pero este descalce no sólo ocurre para un lado. También existe un reverso: que personas con educación superior completa ejerzan en empleos de menor calificación. En 2019, un 21,7% de los empleos de mediana y baja calificación eran ejercidos por trabajadores con educación superior completa, porcentaje que aumenta a 28% en 2020. “En este caso tenemos trabajadores que, si bien se contabilizan como ocupados, no están en pleno empleo debido a una utilización insuficiente de sus competencias laborales y, por ende, generan un valor agregado menor al que podría lograrse si realizaran un trabajo acorde con su nivel educativo. Esto afecta también significativamente los ingresos que obtienen por su trabajo”, recalca el especialista.

De hecho, según el estudio los subempleados obtenían un remuneración en promedio 32,7% menos que sus pares que sí prestaban funciones en cargos acordes con sus estudios con un sueldo promedio de $1.115.427 mensual versus $750.402 de los primeros.

De todas formas, Bravo advierte que esta situación es muy común y se agudiza en épocas de alta cesantía. “Si bien el subempleo es estructural porque no necesariamente la oferta profesional calza con la necesidad del mercado laboral, en períodos de crisis económica esto se exacerba porque la personas con mayor calificación estarán más dispuestas a tomar cualquier empleo para evitar estar desocupado, lo cual es peor porque no genera ingresos”, comenta.

El descalce no es sólo una realidad del sector público, sino que también en el mundo privado. Es así como 208.590 asalariados privados con sólo educación media ejercen funciones de alta calificación, representando el 15% de ese grupo. En términos de ingresos, estos trabajadores obtienen un 56% más al ganar $626.936 versus el sueldo promedio de sus similares en empleos de mediana calificación de $401.407.

Y por otro lado, 532.025 personas con educación universitaria completa se desempeña en empleos de menor calificación, siendo un 17,8% de los casi 3 millones de asalariados que trabajan entre los grupos 4 y 8 de categoría. Es en este tramo donde se nota la mayor pérdida en términos de ingreso, ya que un asalariado con nivel universitario funcionando en un trabajo de mediana calificación obtiene $534.055, un 130% que el promedio salarial de sus pares en un empleo acorde a sus calificaciones por $1.229.265.

“Si bien en el empleo asalariado privado también se observa un grado de descalce en este sentido, la diferencia es que en dicho caso es la propia empresa quien sufre las consecuencias y por ende, internaliza dichas decisiones. En el caso del empleo público, son los contribuyentes en definitiva quienes asumen los costos de esos descalces laborales”, concluye el economista.