El 30% de los servicios prestados por los notarios tiene sobreprecio

Esta semana, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo público un informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios, en el cual comprobaron su hipótesis de falta de competencia. Es más, el fiscal Felipe Irarrázabal sostuvo que "el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos y de la sofisticación de la economía chilena".

Este estudio causó revuelo en la opinión pública, principalmente porque sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente una hora y 13 minutos en realizar trámites notariales y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a $ 14 millones mensuales en promedio, a nivel nacional, y a $ 24 millones promedio en la comuna de Santiago.

El informe realiza un cálculo de las rentas monopólicas, que se cifran en torno a los US$ 25 millones; las ineficiencias productivas, que son de aproximadamente US$ 80 millones, y los costos indirectos, que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, situados entre US$ 33 millones y US$ 44 millones. Por tanto, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial.

El detalle del informe

El documento revela una serie de aspectos desconocidos para el público general en cuanto a los precios, aranceles y fiscalización en torno a estas entidades de fe pública.

Los precios que establecen los notarios se rigen por un arancel que fue dictado por el Ministerio de Justicia en 1998, que determina precios máximos por trámite y no precios fijos, lo que implica que, en la práctica, hoy se podría cobrar por debajo del precio establecido como máximo.

Datos recabados por la FNE muestran que el arancel cobrado por los notarios, en los hechos, no se cumple. "Existe un gran número de casos en los que no fue posible identificar el precio de los trámites realizados. En la encuesta, este número asciende a 1.044, lo que es igual a un 52% de las diligencias finalizadas, y en las boletas a 1.139, lo que equivale a un 31% del total que recibimos", se detalla en el documento. Añaden que en sus estudios observaron que "al menos un 50% de los trámites tiene un precio superior al permitido.

Para trámites frecuentes, como las fotocopias autorizadas, la mitad de los clientes pagó al menos el doble de lo que el arancel establece. Para otros trámites recurrentes, como las declaraciones juradas, la mediana del precio cobrado fue cinco veces el máximo".

Los principales sobreprecios que estudió la FNE en trámites de las notarías se dan en impuestos de timbres (1.167%), declaraciones juradas (500%), documento de arriendos (333%), promesa de compraventa (282%) y cartas de renuncia (250%).

"Al menos en un 30% de los servicios prestados, su cobro fue superior a lo que el arancel establece", señala la FNE respecto de las notarías estudiadas.

La FNE resalta que existe variación de precios entre notarías y dentro de la misma notaría. Así, ejemplifican que "por el servicio de una fotocopia legalizada se cobraron precios de $ 1.000 y $ 4.000, en la misma notaría, el mismo día. Utilizando boletas de otra notaría, podemos ver que para la emisión de la carta de renuncia se cobran precios de $ 3.000 y $ 4.000, además, ambas boletas se emitieron con tres minutos de diferencia".

Todas estas supuestas irregularidades se han dado pese a que la Corte Suprema ha ordenado en reiteradas ocasiones que se fiscalice el cumplimiento del arancel de las notarías. Sin embargo, el informe de la FNE destaca que al revisar las hojas de vida de 19 notarios entre 2016 y 2017 no existe ninguna sanción por incumplimiento de arancel.

En su estudio y revisión en terreno, la FNE detalla que un 21% de las boletas emitidas por las notarías que fueron revisadas están en blanco, son ilegibles o tienen una denominación genérica del tipo "servicios notariales", lo que no permite identificar adecuadamente el servicio entregado y su precio, por lo tanto, no se puede fiscalizar el cumplimiento del arancel.

La presencialidad (el "firmó ante mí") también es difícil de fiscalizar. La FNE desliza que se requeriría estar físicamente presente o grabar una notaría para observar si ello ocurre.

Datos recabados apuntan a que, en la mayoría de los casos (83% de las veces), no se firma presencialmente ante los notarios.