Un paso más dará hoy el proyecto de ley que reduce la jornada a 40 horas semanales. Esto porque la Comisión de Trabajo del Senado lo votará en general y desde ya se anticipa su aprobación.

Completado ese trámite, existe un acuerdo entre los integrantes de la Comisión de abrir un plazo para indicaciones hasta inicios de abril, ya que se espera que la votación en particular en la Comisión sea en ese mes, para luego ser analizado por la Sala.

En dicho plazo, el gobierno analizará qué acciones realizar. Dentro de su radar existen tres caminos: el primero, ingresar indicaciones en base a las recomendaciones que entregó la comisión de expertos que conformó el gobierno y que apuntan en darle una mayor gradualidad y adaptabilidad la reducción de la jornada.

La segunda es que las indicaciones sean ingresadas por los parlamentarios del oficialismo y la tercera vía es llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional. Desde el gobierno aseguran que nada todavía está zanjado y que será analizado durante las próximas semanas.

Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Trabajo, pasará a ser desde marzo la presidenta del Senado y, por ende, para ella este tema pasará a ser prioritario.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que "todo dependerá de cómo se vaya dando el debate y la participación que estén teniendo todos los actores, en especial el gobierno para hacer viable el proyecto. Esperamos que no doblegue la voluntad del parlamento recurriendo al Tribunal Constitucional, creo que hacerlo no daría una buena señal", subrayó Muñoz.

Desde el Ejecutivo afirman que dentro de las conversaciones que se han sostenido en la Comisión hay un acuerdo en que se excluirán de la reducción las jornadas especiales.

Lo certero es que entre las indicaciones que comenzarán a verse en abril estarán aquellas que perfeccionaran la inclusión en este proyecto de las jornadas especiales incluidas en el artículo 38 que involucran a varias actividades como faenas portuarias, comercio, deportistas; a las jornadas excepcionales en sectores como minería y salud; y a las jornadas especiales relacionadas a los choferes de locomoción interurbana, locomoción colectiva, transporte de carga, etc.

Así lo aseguró la parlamentaria Muñoz: "Ese artículo que fue incorporado a última hora será de especial tramitación porque ahí toca muchos tipos de jornada. Nosotros buscamos que el proyecto de 40 horas básicamente regule la jornada ordinaria, no las especiales o excepcionales que afectan por ejemplo a transportistas y minería que estaban molestos por esto".

Dos representantes de los trabajadores de carga asistieron a las audiencias y recalcaron su inquietud por la incorporación de un artículo que incluía en esta ley a las jornadas excepcionales y especiales.

De hecho, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) criticó esta norma porque, al regir para todas las actividades, no incorpora las peculiaridades de cada rubro, lo que en su caso particular no contempla los tiempos de espera ni de carga/descarga. Recalcó que el transporte de carga interurbano no cuenta con lugares de descanso debidamente resguardados en las carreteras, por tanto no podría cumplir con la jornada semanal. De igual forma, la asociación Chile Transporte recalcó que ellos trabajan 180 horas al mes lo que da un promedio mensual de 41,6 horas, y acentuó que los problemas del transporte de carga son distintos. "No vemos a los actores de la industria pidiendo modificar la jornada actual; hemos logrado un equilibrio", especificó Víctor Manuel Contreras, presidente de la entidad.

Varias sugerencias realizaron los centros de estudios a los senadores de la Comisión de Trabajo a la hora de analizar en detalle la iniciativa. Las recomendaciones más específicas provinieron del Centro para la Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo (CIDTRA), que realizó varias sugerencias en el sentido de especificar mejor la aplicación de la norma como por ejemplo por qué solo quienes se desempeñan por turnos podrán promediar la jornada en forma bimensual o trimestral, y no todos los acogidos al Código del Trabajo. O puntualizar cuáles remuneraciones no se pueden reducir: ¿las fijas o las variables?; y definir qué sucederá con la jornada de quienes cuentan con trabajo parcial y qué sucederá con aquellos exceptuado de jornada por artículo 22. El economista Tomás Flores asistió de parte del Instituto LyD, ocasión en la que recordó el impacto de la reducción de 48 a 45, manifestando que se redujo el empleo en 4,5 puntos porcentuales. El Centro de derecho regulatorio y de empresa de la Universidad del Desarrollo manifestó que esta medida tendrá un alza en los costos laborales de 11%.

El Consejo Minero solicitó, al igual que la mesa técnica, que se suspendiera el debate de este proyecto, y su presidente, Joaquín Villarino, realizó un informe pormenorizado de los mayores costos si se concreta esta idea: sostuvo que deberán cambiar los actuales turno de 7x7 y 4x3, por 3 turnos diarios de 8 horas, lo que implicaría aumentar la dotación en un 30% (unos 39 mil personas), que "a un costo de US$ 4.000 mensuales por trabajador y suponiendo inflexibilidad salarial en el corto plazo, este aumento de dotación representará un mayor costo anual de US$ 1.872 millones", lo que elevaría el costo de la minería del cobre de 8,4%. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) criticó el proyecto señalando que podría generar desempleo en el sector, desplazamiento de la presión laboral hacia otros sectores, y reducción de salarios. Pero también hizo hincapié en que los países con los cuales Chile compite en agroindustria como Argentina y Perú tienen jornadas de 48 horas semanales. Una propuesta similar realizó la Cámara Nacional de Comercio que sugirió avanzar en mayor adaptabilidad y gradualidad.