40 horas: Las posturas que emanaron de la mesa técnica

Uno de los proyectos que el gobierno definió como eje central de su programa es la reducción de la jornada a 40 horas semanales. Y para darle un carácter ciudadano incorporando distintas miradas de la sociedad civil, el Ministerio del Trabajo creó la llamada “Mesa Técnica”, la cual desde junio está escuchando distintas visiones de varios actores.

Si bien a la mesa la denominan técnica, no sólo han expuesto expertos o académicos, sino que también representantes de los trabajadores y de las distintas organizaciones gremiales tanto de grandes empresas como de pequeñas y medianas.

Así, desde que comenzó esta instancia, el 13 de junio hasta el 15 de julio han presentado su visión sobre la reducción de la jornada laboral 205 organizaciones, expertos o gremios en las 16 regiones del país. Pero si de mesa técnica se trata, la administración de Sebastián Piñera también creó una instancia como esa cuando se discutió la iniciativa impulsada por la ahora ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en 2019.

Esa mesa estuvo integrada por abogados laboralistas, economistas, exministros, académicos y exautoridades. Así, la lista la integraron el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz; el exministro Osvaldo Andrade; los expresidentes del Banco Central Vittorio Corbo, José De Gregorio y Rodrigo Vergara; y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, entre otros.

Entre las principales conclusiones que arrojó ese trabajo y que nuevamente se reflotaron en la discusión actual en las exposiciones de los distintos actores, está la adaptabilidad laboral en la reducción de jornada, una gradualidad adecuada y el momento oportuno de su aplicación.

En una de las últimas sesiones, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo que el gobierno “está convencidos de que ésta tiene que ser una reforma que, al mismo tiempo que cumpla su objetivo, que es entregar más tiempo de vida a las personas, sea capaz de convivir también con las distintas realidades que existen en el país”.

Enfatizó que “es una mesa en la que no solamente se busca conocer posturas, escuchar propuestas, sino que también sepan que no hay temas tabúes, que quienes participan pueden plantear con franqueza y transparencia sus puntos de vista, porque nos interesa que previo de llegar al momento legislativo podamos haber recogido toda esa diversidad”.

La estrategia del gobierno apunta a ingresar indicaciones a la moción parlamentaria que en 2019 impulsaron las diputadas del PC Karol Cariola y la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Esa iniciativa está en su segundo trámite legislativo en el Senado.

A nombre de los trabajadores han asistido distintos sindicatos, centrales de trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de regiones. También ya se hizo presente la Coordinadora de Trabajadores por las 40 horas, quienes han estado impulsando esta iniciativa desde que se presentó la moción parlamentaria y que fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Un punto donde existe coincidencia entre los representantes de los trabajadores es en que la reducción de la jornada no deberá reflejar alguna pérdida en sus ingresos, por lo que cualquier cambio legislativo debe incluir la mantención de las remuneraciones.

Además concuerdan en que mejorará la calidad de vida y especial la familiar. También hay voces que ponen sobre la mesa la gradualidad que debe tener este cambio para una correcta implementación. “Chile tiene la quinta jornada laboral más extensa de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Chile se trabajan más de 200 horas por sobre el promedio de los países miembros de la OCDE. La reducción de la jornada es concordante con medidas que promueven el desarrollo productivo de los países”, planteó la Coordinadora por las 40 horas.

Desde la OIT dieron a conocer su mirada técnica: “La gradualidad facilita la adaptación de las empresas a la nueva jornada, lo cual es positivo”. Y añadieron que “respecto a la posibilidad de reducir una hora por año, podría generar dificultad en la organización del trabajo en algunas industria o empresas. Obliga cada año a repensar su organización, o podría llevar a uso de horas extraordinarias para cubrir horas reducidas”. Por ello, se sugiere consultar con organizaciones empresariales la conveniencia de esta propuesta o alternativas”. Asimismo, plantearon que establecer gradualidad por tamaño de empresa podría generar conflicto en relación al criterio de igualdad trato.

Por ejemplo, si empresas grandes tienen una reducción de jornada más rápida que empresas de menor tamaño, trabajadores con salario mínimo podrían tener diferentes horas legales de trabajo a igual salario”.

Desde la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) comentaron que esperan que los cambios “no impliquen una disminución en la forma de vida de los trabajadores. Es importante y urgente que no afecte salario ni condiciones de vida de los trabajadores”. Misma visión entregó el presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte, Ricardo Maldonado, quien comentó que “esperamos que esta reducción a 40 horas no implique rebajas salariales. Creemos que la gradualidad es importante; no compartimos que sea a cinco años, creemos que máximo sea a 3 años desde que sea aplicada la legislación”.

Otro punto de vista entregó la presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, Pamela Henríquez, quien instaló su foco en el teletrabajo, señalando que “nos afecta muchísimo, tenemos jornadas extendidas, agobio en los trabajadores y este proyecto nos trae alivio”.

Una visión entregó la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casas Particulares (Fesintracap), María Cotal, quien si bien valoró que se avance en la reducción, sostuvo que “para nosotras va a ser un poco complejo. Se puede llegar a acuerdo para poder buscar una solución y mejoras a las compañeras trabajadoras puertas adentro”.

La postura de los gremios se centró en la gradualidad en la implementación, y en que se tuviera presente en la discusión la realidad de los distintos sectores productivos para que no se aplique bajo una sola regla para todos. También se levantaron las alertas sobre el hecho de que la ley impedirá una reducción de los salarios ya que, aseguran, por alguna parte se ajustarán las remuneraciones. Esto ya sea vía el salario de nuevas contrataciones o bien con menores reajustes. Por ello, proponen que la reducción de la jornada se realice con flexibilidad.

Entre los que expusieron está la Cámara de Centros Comerciales, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Asociación de Industriales Pesqueros, Consejo del Salmón, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Convergencia Nacional de Pymes, entre otros.

Desde la Cámara de Centros Comerciales ven como un “impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores full time, es decir, esta norma beneficia fundamentalmente a los trabajadores que se desempeñan en jornadas de 45 horas semanales, porque implica una reducción de 5 horas, lo cual representa un 11,11% de la jornada vigente”. Sin embargo, agregan que, “probablemente, se requerirían más trabajadores part time (30 horas) para cumplir las jornadas de cierre de los malls”. Afirman que “si se aspira a menos horas de trabajo se debe aumentar la productividad. Sería importante definir la fórmula que refleje esta variable por tipo de industria y función de las y los trabajadores”.

Y en la CNC ponen énfasis en avanzar en productividad y competitividad, sin afectar la formalidad, y proponen la aplicación del principio de reducción progresiva en miras a un cambio cultural. Mencionan que se debe “cuidar la técnica legislativa para evitar efectos no deseados”.

Desde la Sofofa apuntan que “aunque el proyecto de ley diga que no se pueden alterar los salarios, al existir una rotación laboral, el ajuste se dará por esa condición a través de los nuevos contratos”. Por esta razón dicen que se debe implementar con “gradualidad y adaptabilidad”. Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ponen el acento en que el proceso debe ser gradual. Y que “junto con incorporar elementos de adaptabilidad, se requieren adaptar procesos y procedimientos, por lo que se necesita un tiempo razonable para hacer todas las adecuaciones”.

En el sector pesquero, la presidenta Asipes, Macarena Cepeda, sostiene que desde el sector todas las propuestas apuntan a la importancia de revisar la gradualidad y flexibilidad del proyecto, sin afectar la productividad, ni las remuneraciones”. En representación de las pymes, la Unapyme considera que la ejecución de esta medida con la gradualidad que propone el proyecto de ley, de 5 años, es razonable para dar tiempo y oportunidad de adaptación a las empresas de menor tamaño.

Mientras que en la acuicultura, Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón, dice que “en la salmonicultura se trabaja por turnos y jornadas excepcionales, al igual que otros rubros productivos, principalmente por requerimientos del trabajo con seres vivos. Esperamos que en el análisis de esta iniciativa se considere esta flexibilidad y se avance de manera gradual para que cada industria haga los ajustes necesarios”.

Desde Convergencia de pymes comentan que “es un proyecto bueno para los trabajadores, pero que debe tener gradualidad, porque las pymes no pueden resistir cambios de un día para otro”.

En la mesa técnica también estuvo presente la visión de los expertos. En este grupo hubo académicos de algunas universidades, centros de estudios y abogados laboralistas. La visión que generó mayor consenso es que se debe implementar de manera gradual y con flexibilidad para no impactar en la productividad. La mayoría coincide en que se debe avanzar en la reducción de la jornada, pero minimizando los efectos nocivos en el empleo.

Cristián Morales, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, manifestó que “la idea de las 40 horas es muy importante y nos va acercando a lo que hacen los países desarrollados. El objetivo es que pueda tener el menor impacto en el empleo y en el salario de los chilenos y chilenas”.

Mientras que Luperfina Rojas, decana de la Facultad de Ciencias Sociales Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena, afirmó que “es importante para Chile avanzar de forma gradual, ya que eso va a mejorar el bienestar social, la calidad de vida y también la productividad de los trabajadores. Un ámbito que no está siendo considerado en la ley es el sector público, que creo que es fundamental incorporar a todas las instituciones que también formamos parte de la actividad productiva de nuestro país”.

También se conoció la postura de la directora del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de Talca, Irene Rojas, quien puso énfasis en la diversidad de sectores. “Es muy importante conocer las diversas posiciones que tienen los actores sociales sobre este proyecto. Y más allá de los actores sociales en general, las particularidades que plantean los diversos sectores”, dijo.

Estuvo presente también el Instituto Libertad y Desarrollo. La economista Ingrid Jones presentó antecedentes que mostraron que “jornadas laborales menos extensas se vinculan con países que tienen niveles de productividad más elevados que Chile. Cuando se comparan las horas trabajadas de países de la OCDE, cuando estos países tenían un PIB per cápita similar al de Chile, se observa que estos países tenían niveles de productividad superiores al nuestro”.

Ante esa situación, y considerando el escenario económico que atraviesa el país, planteó que “se hace imperativo no implementar medidas que destruyan puestos de trabajo ni reduzcan los salarios, de tal manera de no provocar retrocesos en los avances que ya se han logrado”.

En esa línea, presentó una propuesta alternativa a la reducción de la jornada, la que consiste en aumentar la flexibilidad laboral de la jornada actual.

Otro experto que entregó su análisis fue el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz. En su presentación pone el acento en resguardar las jornadas especiales con sistemas de turnos rotativos en actividades de procesos continuos en industria, minería, forestal, transporte de pasajero y carga terrestre y demás regímenes excepcionales que autoriza hace años la DT que trabajan menos de 40 horas. Asimismo, propone que debe ser con gradualidad, “siendo un mínimo de 1 hora por año y flexibilidad, permitiendo pactos de adaptabilidad en dos niveles: individual, mensualizando la jornada, y pactos colectivos con el o los sindicatos más representativos de la empresa, permitiendo, incluso, la anualización de la jornada para todos los dependientes con o sin sindicalización, como sucede en la mayoría de los países desarrollados y que trabajan 40 horas”.