El próximo año se realizarán las elecciones de gobernadores, cargo clave en el desarrollo urbano y, sin duda, la antesala estará marcada por las demandas tras el estallido social.
Sin embargo, según el último Barómetro de la Región Metropolitana (RM) del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, el 79% de las personas desconocen que este cargo dejará de ser designado y pasará a elección popular. Además, no hay mayor claridad sobre qué atribuciones tiene. Y, aún más crítico, el 58% de la población no ve en la elección del gobernador un aporte real para la región (ver infografía).
Entre las labores de esta figura se encuentra el resolver las problemáticas que son propias del desarrollo territorial, como la congestión vehicular, la seguridad, segregación y problemas de vivienda, entre otros elementos.
Desigualdad versus desarrollo
Para este trabajo se entrevistó de forma presencial a 450 personas, dentro de un universo de habitantes de la RM mayores de 18 años. Los datos fueron recogidos antes de la crisis, por lo que su presentación se realizó con rezago.
Pero esto no significó que las conclusiones no tuvieran validez bajo este nuevo contexto. "Los resultados mostraron que las personas estaban más preocupadas de resolver la desigualdad que el crecimiento económico, o que se avanzara en la tarea de dar garantías de ciertos derechos como el acceso a la educación y la salud", explica uno de los autores de la medición y académico, Arturo Orellana.
Otra revelaciones del barómetro es la preocupación de las personas por la seguridad y el cuidado medioambiental, temáticas que en el mes de septiembre se estaban discutiendo mucho, dado que Chile iba a ser el anfitrión de la cumbre climática COP25.
El sondeo pone sobre la mesa el poco conocimiento que tiene la población de sus autoridades y con el desprestigio que cargan. Los niveles de corrupción que la gente les asocia a las autoridades políticas, empresarios, Fuerzas Armadas y Carabineros, en una escala de 0 a 7, es superior a 5,5.
En esa línea, los encuestados creen que las empresas, los parlamentarios y los partidos políticos generan un aporte negativo para la región. Mientras que las municipalidades, universidades públicas y organizaciones sociales se perciben como un aporte positivo, pero en un porcentaje que no supera el 30%. Este escenario conduce a que la honestidad y probidad sea la característica que más apreciaría la población encuestada a la hora de inclinarse por un candidato u otro.
A juicio de Orellana, el estudio "evidencia que había situaciones que eran posible advertir sobre una crisis institucional" y si se realizara hoy, las preguntas presentarían las mismas conclusiones, pero con cifras más críticas "contaminadas por el contexto", concluye.
