60% de los programas de gobierno evaluados entre 2011-2019 tiene nota "insuficiente"

A menos de un mes que se cumpla el plazo para el ingreso de la Ley de Presupuestos a tramitación en el Congreso, la evaluación de programas, sus calificaciones y la vinculación con los recursos asignados -en tiempos de estrechez fiscal- vuelven a ponerse sobre la mesa.

Y cómo no, si durante años se ha debatido acerca de cómo generar mecanismos para garantizar el buen uso de los recursos fiscales, tarea en la que la Dirección de Presupuestos lleva años embarcada con diferentes metodologías y la creación de diversas líneas de análisis.

Una de ellas tiene que ver con la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) que aparece estrechamente vinculada con el proceso presupuestario y que desde 1997 ha examinado en torno a 420 programas.

Según un análisis de Libertad y Desarrollo (LyD) a partir de la información oficial disponible entre 2011 a 2019 -y homologando las metodologías- en dicho período para hacerlas comparables, al hacer el seguimiento de 131 programas en el período mencionado, establece que de ellos sólo el 5% obtuvo una clasificación "buena", equivalente a siete programas y montos involucrados por US$343 millones; 34% registró una nota "suficiente", es decir, 45 programas con recursos por US$2.646 millones; y un 60% fue calificado como "insuficiente", totalizando 79 programas y recursos por US$4.225 millones.

El estudio agrega que el promedio de vida de dichos programas se ubica en torno a los 12 años, siendo los más recientes con un promedio de 5 años los que coinciden con una buena calificación, seguidos por los suficientes (promedio 10 años) y los más longevos, que coincidentemente tienen nota insuficiente, con 16 años promedio desde que fueron creados (ver tabla).

Además, el estudio detalla que desde 2011 ha habido años en que no existen programas con calificación "buena" (2011 y desde 2013 a 2016) sólo "suficiente" e "insuficiente".

En términos de su participación o peso dentro del total del presupuesto, LyD agrega que en el caso de los insuficientes fluctúa entre 0,2% y 1,5% del total; los suficientes están en un rango de entre 0,1% y 1,3%; y los buenos entre 0% y 0,4% en el período estudiado, lo que también indica, según el estudio, "la necesidad urgente de avanzar en la modernización del Estado" considerando "que los programas evaluados bajo esta metodología representan un porcentaje reducido del presupuesto fiscal total de cada año".

Por áreas, en tanto, la mayor cantidad de evaluaciones realizadas corresponden a programas de Educación, Interior, Vivienda, Salud y Trabajo (ver infografía).

El estudio hace notar que si bien el objetivo de las evaluaciones es generar información para promover la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos en el proceso presupuestario, "los resultados encontrados en estas evaluaciones no son vinculantes, ni en el corto ni en el mediano plazo, no existiendo una relación directa y explícita entre recursos y desempeño".

De hecho, LyD llama la atención respecto a que los programas con debilidades en sus evaluaciones ("suficiente" e "insuficiente") son los que presentan una mayor antigüedad promedio al momento de ser evaluados, y que se les mantiene la asignación de recursos pese a la mala calificación.

A modo de ejemplo, el estudio menciona que en la evaluación 2019 los programas Rehabilitación y reinserción social (Gendarmería), iniciado en 1996 y que registra un desempeño insuficiente, cuenta con $81.678 millones aprobados; el Centro de recursos para el aprendizaje (biblioteca CRA), iniciado en 1994, con calificación insuficiente, cuenta con un presupuesto de $6.028 millones; y el Fondo de Desarrollo Indígena (CONADI), iniciado en 1993, cuenta con $11.036 millones de presupuesto disponible.

Este último caso es particularmente notorio, ya que también ha sido evaluado negativamente en 1999 y 2009, y según LyD registra cumplidos los compromisos establecidos en ambas evaluaciones, pese a lo cual vuelve a ser calificado con mal desempeño en 2019. Por ello, LYD recomienda implementar un sistema que vincule evaluación y continuidad de los programas.