US$5.019 millones de los US$6.670 millones en excedentes que Codelco generó en el período 2014-2018, es decir el 75% de esta última cifra, fueron a parar a manos de las Fuerzas Armadas, en línea con lo que dicta la Ley Reservada del Cobre, que fue promulgada en 1975.
Lo anterior, en un contexto en que la empresa ya suma más de US$14 mil millones en deuda y su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, ha hecho énfasis en la necesidad de que sea capitalizada, ya que dicha cifra podría elevarse a US$21 mil millones al 2023 si es que no recibe fondos, situación que pondría en riesgo el desarrollo de los proyectos estructurales, que son los que permitirán que la cuprera no reduzca sus niveles de producción.
En ese sentido, la Ley Reservada del Cobre considera que anualmente el 10% de las ventas de cobre de Codelco en el exterior deben ser dirigidas a las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, si los resultados de la estatal no aseguran un piso de US$180 millones para dicho organismo, ésta debe endeudarse para cumplir con la entrega de este monto, situación que se generó en 2016, año en el que Pizarro lanzó su famosa frase: "No hay plata, no hay plata viejo, entiéndeme. No hay un puto peso".
Las visiones
"La Ley Reservada del Cobre hay que derogarla y más que por un problema financiero, porque al final los recursos van al Estado. Esta normativa afecta en su imagen a Codelco a nivel internacional, porque una empresa minera de un Estado que destina sus recursos a las Fuerzas Armadas para comprar material de guerra nunca ha sido bien visto a nivel internacional", señaló Santiago González, exministro de Minería durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
En esa línea, añadió que por esta situación la empresa nunca ha podido desarrollar proyectos con países como Perú.
"¿Cómo Codelco va a ir a trabajar a Perú si los recursos que genera son para las Fuerzas Armadas y tenemos conflictos con Perú? Esto imposibilita el desarrollo de Codelco en yacimientos fronterizos porque hay un problema estratégico y los otros países la ven como una empresa vinculada a las Fuerzas Armadas. Se produce un problema político serio y mala imagen para la empresa", añadió.
Una opinión similar manifestó el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, quien señaló que la cifra refleja que el mecanismo es muy exigible para Codelco.
"Al considerar un porcentaje sobre las ventas, eso hace que el traspaso de dinero desde Codelco a estos fondos de las Fuerzas Armadas tenga un alto nivel de deterioro dentro de los flujos que traspasa al Estado y eso, obviamente, genera problemas y algunas distorsiones desde el punto de vista financiero", señaló.
Pese a lo anterior, coincidió con el ex ministro en que la mayor repercusión tiene que ver con la legitimidad de Codelco como una empresa que puede actuar internacionalmente.
"Asociar el funcionamiento de Codelco a un uso específico relacionado con la compra de armamento no es una buena carta de presentación en el caso de necesitar acciones a nivel internacional", mencionó, indicando que el financiamiento militar, debería evolucionar a un sistema más moderno y legítimo.
En ese sentido, actualmente existe un proyecto de ley que se está revisando en las comisiones de Hacienda y Defensa del Senado, mediante el cual se busca reformar el sistema.
Siendo una de las propuestas la creación del Fondo para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, mediante el cual se reemplazaría la Ley Reservada del Cobre.
Hacia fines de 2016, se aprobó el proyecto que terminó con el secreto de la Ley Reservada del Cobre, conociéndose tras ello, por ejemplo, el piso exigido a la estatal.
