Veinte años después el caso Inverlink sigue abierto. La Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), principal afectada por el escándalo que en 2003 casi paralizó al sistema financiero, involucró al Banco Central, salpicó a la política y a cientos de inversionistas, continúa persiguiendo parte del dinero que le robaron. Mientras, los protagonistas principales del colapso ya cumplieron sus condenas y tratan de poner en segundo plano de sus historias personales su participación en uno de los mayores escándalos de la historia económica de Chile.

Remontarse al 29 de enero de 2003, es retroceder a ese miércoles en la tarde cuando hace justo dos décadas, el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió que una de sus secretarias de confianza, Pamela Andrada, enviaba información reservada al gerente general de la corredora de bolsa Inverlink, Enzo Bertinelli, con quien mantenía una relación sentimental. La revelación desató una crisis que puso en riesgo máximo al sistema financiero de esa época, porque ninguna entidad quiso seguir operando con Inverlink, generando una fuerte tensión en el mercado.

Antes de su ruina pública, el holding Inverlink, presidido por Eduardo Monasterio Lara -fallecido en medio de la investigación en 2015-, se había convertido en un grupo financiero con todas sus letras: tenía corredora de bolsa, administradora de fondos mutuos, isapre, aseguradora, firmas tecnológicas y hasta una AFP y otros varios negocios. En 11 años pasaron de gestionar US$288 mil a US$40 millones. En 2002 ya tenía domicilio en una torre nueva de Apoquindo, el barrio de quienes mandaban en el mundo financiero.

Andrada entregaba sostenidamente información reservada a Bertinelli. Ese era uno de los tantos secretos que escondía la meteórica expansión del grupo. Su trepidante actividad financiera generaba rumores y sospechas.

Para muchos profesionales del sector, los hombres de Inverlink tenían fama de arriesgados. Presidía Monasterio, gerenciaba Bertinelli y definía o autorizaba los movimientos el socio fundador y director ejecutivo de Empresas Inverlink, Ignacio Wulf Hitschfeld. Entre los tres controlaban el holding entero.

El rápido crecimiento del grupo daba cuenta de un modo de operar demasiado atrevido, algo que de acuerdo con las versiones contenidas en el proceso, parecía no importarles demasiado. Pese a estar en sectores regulados como fondos mutuos, AFP, seguros e isapres, en el grupo las murallas chinas casi no existían.

Información contenida en el proceso da cuenta que en 2003 Inverlink tenía serios problemas de caja. Se había convertido en un grupo de empresas aproblemadas por negocios que no salieron como Monasterio, Bertinelli y Wulf esperaban. Una serie de malos manejos producidos por verdaderas apuestas que resultaron fallidas.

En su desesperado intento por salvarse, el grupo infiltró a varios actores del sistema financiero y se apropió de $85 mil millones (unos US$105 millones de la época) en depósitos a plazo de Corfo, con la ayuda del tesorero de la entidad estatal, Javier Moya Cucurella, quien se aprovechó de los escaso controles. Eso fue lo que desató la caída de Inverlink.

El caso salpicó al gobierno en funciones de Ricardo Lagos. El vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Gonzalo Rivas, era su yerno, casado con su hija mayor Ximena. El ejecutivo renunció asumiendo la responsabilidad política por lo sucedido.

También dejaron su cargo Carlos Massad, quien hace algunas semanas reconoció en DFMAS que el caso fue un golpe a su carrera y a la del entonces superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, ante las acusaciones de que intervino tarde.

Cientos de clientes, en su mayoría empresas, municipios, personajes de todo tipo y condición vieron evaporadas sus inversiones con el salto al precipicio de Inverlink.

Hasta el momento, Corfo ha podido recuperar $55 mil millones, de los $85 mil millones de esta trama llena de grandes cifras, balances ficticios, sociedades de papel y negociaciones turbias. En total, la entidad estatal ha destinado $4.302 millones para recuperarlos (ver recuadro).

La justicia condenó a los involucrados a restituir $26 mil millones al Fisco, tras determinar que los acusados crearon y desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse y defraudar. Pero aún queda camino judicial antes de que se cierren todas las causas pendientes. Hay recursos en la Suprema y en la Corte de Apelaciones de Santiago, así como acciones judiciales en Valparaíso, y Concepción.

La sola revisión del caso da cuenta de 27 demandas civiles por provecho del dolo ajeno y uso de información privilegiada. En la arista penal -malversación de caudales públicos, sobornos, estafa y cohecho, infracción a la Ley de Mercado de Valores, entre otras figuras- se acumularon más de 60 querellantes y casi 50 tomos de documentos relativos a la investigación. La complejidad de la indagatoria llevó a que se abrieran cuatro cuadernos de investigación: Principal, Fondos Mutuos, Remesas y Triangulaciones.

Además de Corfo, en la lista de afectados por Inverlink figuran Capredena, las municipalidades de La Pintana, Viña del Mar y Coronel, entre otras; Hanegan Company, el Colegio de Profesores, la Mutualidad de Ejército y Aviación, las corredoras CB, Scotiabank y BBVA, y varias decenas de querellantes. Eso, sin contar a los miles de ahorrantes de fondos mutuos que vieron durante semanas cómo sus inversiones eran afectadas por el remezón financiero.

Abogados del caso señalan lo complicado que ha sido recuperar el dinero y la imposibilidad de conocer a fondo la situación financiera de los protagonistas del caso, ya que había documentación falsa o paralela, usaban sociedades interpuestas, simulaban operaciones de compra y venta de papeles. Además, su patrimonio embargable declarado era realmente escaso. A Monasterio le pudieron confiscar algunos bienes -como una acción del Club Unión El Golf- y sobre Bertinelli y Moya, aún existen recursos pendientes.

Veinte años más tarde, algunos personajes de la trama tratan de olvidar, o al menos poner en un segundo plano el episodio. Pero “pasar piola” no es fácil. Dos décadas después, los delitos de Inverlink todavía resuenan en el mundo empresarial.

Eduardo David Monasterio Lara, el presidente de Inverlink y su cara más visible, falleció sosteniendo que no le dieron tiempo para salvar su negocio y no perjudicar a nadie. Aunque en sus últimos días ya estaba resignado a haberlo perdido todo y sus problemas de salud se habían agravado, de vez en cuando hablaba del tema.

Estaba condenado a prisión remitida cuando el 5 febrero de 2015 murió a las tres de la tarde, a la edad de 73 años, de una falla multisistémica.

Dado a jactarse, hábil, buen comedor y conversador, en su última entrevista en 2006, dijo a El Mercurio que pensaba dedicarse el resto de su vida a pagar todo en nombre de su padre, Fernando Federico Monasterio. “A mí lo que más me duele es que mi viejo, que siempre fue un hombre tan bueno, viera que cometí un error como este”, sostuvo.

Oriundo de Concepción, Monasterio siempre caminó al filo de la navaja. Hasta su muerte nunca dilucidó las razones de su comentada y controvertida salida del Chase Manhattan Bank, donde trabajó durante 20 años, hasta 1990.

Ese año creó junto a su cuñado Ignacio Wulf el grupo Inverlink, por el que tuvo que enfrentar un año de cárcel y el quiebre de su matrimonio con Eliana Neumann. No volvió a registrar o iniciar nuevos movimientos empresariales personales.

Figura estelar en el caso es Pamela Noemí Andrada Díaz, quien aprovechando su cargo como secretaria del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, filtró por casi un año, hasta que la sorprendieron, información sobre las decisiones del ente emisor a Enzo Bertinelli.

Con el ejecutivo, exgerente general de Inverlink, se conocieron en 1995, cuando ella llegó a trabajar a la firma, que entonces era más bien una oficina financiera que operaba en el centro de Santiago. Se estuvieron viendo hasta que Bertinelli se casó con su novia, María Angélica Peña, con quien tiene dos hijos.

Después mantuvieron el contacto. Pamela Andrada necesitaba dinero para cubrir sus tratamientos de esclerosis múltiple y una artritis reumatídea: Bertinelli la ayudaba a financiarlos a cambio de información. En su defensa argumentó haberse involucrado estando en una situación de vulnerabilidad que la permeó a la influencia de Bertinelli.

La secretaria era una persona de confianza de Massad, que ya había trabajado con el economista cuando este se desempeñó como ministro de Salud.

Estuvo siete meses presa, procesada por los delitos de cohecho, delito informático y uso de información privilegiada. Sufrió una depresión severa y pasó de ser una mujer risueña y vivaz, a ser una discreta y silenciosa dueña de casa, que pasaba semanas encerrada en su departamento. Intentó suicidarse una vez y siempre pensó que ella se llevó la peor parte. En su entorno comentan que durante todos estos años ha tratado de dar vuelta la página y que no quiere hablar más del tema. Recibió hace algunos años una oferta para contar su verdad en un libro conmemorativo del caso Inverlink. Aunque en principio estuvo interesada, después decidió no saber nada más al respecto. “Ella solo quiere estar tranquila, lo que pasó fue muy doloroso para su familia también”, señala alguien que la conoce.

Próxima a cumplir 60 años y con trabajos esporádicos en ventas o reemplazos en oficinas, sigue siendo dueña de su departamento ubicado cerca del Parque Bustamante. Un vecino consultado por Pulso, dijo que no la veía “hace tiempo”.

Aún existen recursos pendientes en el Cuaderno Principal de la investigación del caso, en torno a las responsabilidades penales y civiles de Enzo Bertinelli, el exgerente general de Inverlink Corredora de Bolsa, su representante legal y socio con el 30% del desaparecido holding.

Aunque la policía buscó durante años platas afuera, hasta la fecha sigue existiendo la sospecha de que el exejecutivo se las arregló para dejar protegida a su familia en caso de que se concretara el peor de sus escenarios: un largo tiempo tras las rejas. Al final, estuvo casi dos años preso.

Cuando estalló el caso en 2003, Bertinelli Villagra contaba con un alto patrimonio compuesto por propiedades en Santiago y Casablanca, su ciudad natal. Las tasaciones sumaban más de mil millones de pesos de ese año, además de acciones, fondos mutuos, depósitos, participaciones en diferentes negocios y varios autos. Una parte importante se lo traspasó a familiares. Hoy, según los registros comerciales, solo posee un departamento en Martín de Zamora en Las Condes, a menos de dos cuadras de donde vivía su exsocio Ignacio Wulf, a quien culpó de organizar el mecanismo del fraude: captar plata, a través de Inverlink Corredores de Bolsa o Inverlink Consultores, para destinarla a la compra de compañías capaces de generar flujos que le permitieran disminuir las pérdidas acumuladas.

Quienes han visto a Bertinelli aseguran que tampoco quiere hablar del tema y que reparte su tiempo entre Santiago y Casablanca, donde su familia es muy conocida, porque además de haber tenido un negocio metalmecánico, son dueños de un colegio particular, un loteo de parcelas y otros negocios.

Durante los últimos años ha estado trabajando principalmente con familiares suyos, en Santiago y Casablanca. Hasta 2019 se le vio en la empresa Servicios Luis Salinas Leiva, que administraba la Tarjeta Vecino de Las Condes. Enzo Bertinelli era la contraparte entre el municipio y la empresa, en caso de reclamos de los usuarios del plástico. También ha estado colaborando en una constructora, ligada a unos parientes por el lado de los Bertinelli.

El robo de los depósitos a plazo de Corfo se pudo consumar gracias a los casi nulos controles existentes en la estatal. El tesorero de la entidad, Javier Moya Cucurella, tomaba los depósitos a plazo y en vez de mantenerlos en custodia como correspondía, se los “prestaba” a Inverlink para que el grupo los usara como garantía y pudiera seguir operando. Después, los recibía de vuelta y los ingresaba en caja, sin que nadie se diera cuenta. Dijo haber recibido a cambio $160 millones.

Esa mecánica la mantuvo entre 1998 y febrero de 2003, cuando Inverlink decidió no devolverle los depósitos a plazo para enfrentar la corrida financiera que se generó tras la revelación de los correos electrónicos entre Pamela Andrada y Enzo Bertinelli.

Corfo aún lo persigue en tribunales: están pendientes algunas acciones civiles ante la Corte Suprema.

La Corporación de Fomento a la Producción ha logrado recuperar hasta ahora $55.696 millones, que corresponden, “principalmente, a las acciones civiles deducidas ante el ministro en Visita que sustanció la causa penal principal, así como a las acciones civiles en las quiebras del holding Inverlink y a las acciones civiles por provecho de dolo ajeno, deducidas contra terceros (bancos y corredoras de bolsa)”, explicó la entidad. Le faltan $29 mil millones de los $85 mil millones robados.

El ente estatal es asesorado por los abogados Alfredo Etcheberry e Ignacio Vargas, y mantiene un equipo interno liderado por la Fiscalía de Corfo dedicado al caso. “La recuperación ha requerido de mucho trabajo y tiempo, tanto del personal interno de Corfo como de los estudios jurídicos; ello, atendida una serie de aspectos, tales como lo complejo de los ilícitos que se investigaron, el gran número de entidades y personas comprometidas, así como las características del antiguo procedimiento penal que ha regido todo el proceso, y los tiempos involucrados en la tramitación judicial en sede civil. No obstante, el recupero de los recursos puede estimarse satisfactorio”, sostuvo Corfo. Ha destinado a todo ello $4.302 millones.

Corfo destaca la existencia de una línea institucional que se ha mantenido en todas las administraciones, desde la de Gonzalo Rivas, para la persecución de las platas.

El 8 de marzo de 2003, el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo inició en el 2° Juzgado del Crimen de Santiago el camino legal para la recuperación de los dineros. “No tenía dudas del resultado. Estos procesos son largos. Lo seguí, obviamente, pero sin involucrarme”, dice hoy a Pulso desde su oficina en el BID, donde trabaja como jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación. “El caso tuvo un enorme costo personal. Hubo varias lecciones sobre cómo gestionar con más control, pero también respecto a cómo la gente juzga sin saber realmente lo que pasó, en un contexto en que los funcionarios públicos se ven con sospecha. Importa poco tu trayectoria”, añade al comentar el caso.

Cree que se hizo justicia, “pero el daño reputacional para la institución y en lo personal fue muy grande”, acusa. “Obviamente, no hubo un gran titular diciendo, ‘Corfo recuperó todo lo que le robaron y tenían razón en decir que no solo los de Inverlink eran culpables, pues las instituciones financieras que trabajaban con Corfo sabían que se requería doble firma’”, concluye Rivas.