El pasado 27 de julio entró en regir la normativa que permite extender el posnatal a través de una licencia médica preventiva creada en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Este permiso que es de cargo de las Isapres o Fonasa según sea el caso, tiene una vigencia de 30 días con la posibilidad de prorrogarse dos períodos más mientras se mantenga el estado de excepción constitucional.

Y a menos de un mes desde su aplicación, según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al cierre del 14 de agosto pasado ya eran 21.217 las solicitudes que había recibido el sistema, de las cuales 14.999 corresponden a Fonasa y 6.218 a las isapres, de las que 4.523 ya han sido pagadas por las aseguradoras privadas.

El total de solicitudes recibidas a la fecha, representa un 45,9% de las 46.219 potenciales beneficiarias que inicialmente el gobierno espera alcanzar con esta ley.

En todo caso, desde la Asociación de Isapres recuerdan que el sistema de salud pública concentra el 80% de los afiliados, mientras que el ala privada solo el 20%. No obstante a eso, su presidente Gonzalo Simon detalló que las licencias ya pagas representan recursos del orden de los $6000 millones, por lo que en promedio, cada uno de estos permisos le costaría $1.3 millones a cada aseguradora.

Un elemento importante dentro de todo esto es que, del total de solicitudes realizadas tanto en Fonasa como Isapres, más del 40% se concentró en el primer día, 5.759 de ellas pertenecientes al sistema público y 2.659 por el lado de los privados.

A partir de segundo día en adelante este porcentaje bajó considerablemente y el número diario no llega a exceder el 8%, lo que es equivalente a 489 peticiones en un día en el caso de las isapres y 1.312 en el caso de Fonasa.

Desde el gremio de las isapres explican que esto se debió a que “los primeros requerimientos corresponden a afiliadas que habrían cumplido su posnatal con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”, dice Simon quien además destaca que “el sistema ha respondido eficientemente y ha permitido extender el posnatal para que las madres y padres puedan seguir al cuidado de sus hijos durante el estado de catástrofe”.

Hacia adelante, en tanto, prevén alcanzar un universo de beneficiarios cercano a las 13 mil personas, lo que equivaldría a más 700 mil días de reposos otorgados en total, y tendría un costo aproximado de $30.000 millones, lo que además va muy en línea con el rango de $30.000 a $40.000 millones que estimaba el gremio inicialmente cuando se instaló esta discusión en el Congreso.