Su inversión inicial de 113 millones de euros. Eso es lo que el grupo Luksic reclama en España por la quiebra y posterior liquidación del Banco Popular de ese país, al cual entró con el 3,45% de la propiedad en un aumento de capital en mayo de 2016. La inversión se realizó a través de su sociedad familiar Aeris Invest, con sede en Luxemburgo.

Pulso accedió a información del caso en los tribunales europeos, donde el grupo chileno junto a otros inversionistas han pasado diversas instancias para lograr la recuperación de sus dineros: acusan que la ampliación de capital que se llevó a cabo en mayo de 2016, por 2.500 millones de euros para fortalecer al banco, y en cuyos datos confiaban, ocultaba los problemas que acarreaba la institución con 90 años de historia, pese a que también las cifras oficiales daban cuenta de un panorama positivo.

Aeris Invest, que a su vez es parte de Vallum Foundation, el vehículo de inversión de los Luksic en varios negocios europeos como hoteles en Croacia y propiedades inmobiliarias en diversas ciudades, ha impugnado desde el mismo 2017 las decisiones de las autoridades españolas que llevaron al cierre de la entidad financiera. Incluso acudieron sin éxito a la justicia europea en busca de un resarcimiento, donde compararon la situación del Popular con la de los bancos italianos, que pese a estar en peores condiciones de solvencia siguieron operando. Allí también argumentaron que esas resoluciones violaron sus derechos de propiedad.

En prácticamente todas sus alegaciones, tanto los chilenos como los demás inversionistas han sostenido que quienes acudieron al aumento de capital del Popular fueron engañados, porque los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban lo que en verdad había en el balance y en el patrimonio de la entidad, que en su día fue el sexto banco español y la institución financiera más rentable de ese mercado.

En los 90, el Banco Popular incluso estuvo sondeando comprar bancos en Chile y mantuvo desde 1996 un acuerdo de representación con el BCI que terminó en 2018, cuando la firma hispana ya era parte del Santander.

Según recuerdan ejecutivos de la banca, dado que el Santander Chile era la primera entidad en el mercado local, ya no se justificaba mantener un acuerdo de colaboración con uno de sus rivales más fuertes.

La caída del Popular se produjo por una sobreinversión en el sector inmobiliario español durante la burbuja que estalló con la crisis económica que se inició en 2008 en Europa. En 2017, la entidad debió enfrentar problemas liquidez por la fuga de capital que se estaba registrando. Las autoridades españolas decidieron cerrar el Popular y traspasarlo al Banco Santander por el valor simbólico de un euro.

Vallum Foundation

Diversas fuentes, foros de internet y la prensa española sitúan en unos 300 mil accionistas minoritarios la cifra de damnificados.

En mayo de 2016, los Lukisc compraron a través de Aeris Invest Sàrl, 126,5 millones de acciones del Banco Popular, equivalentes al 3,014% de la propiedad, según consta en los registros de entonces del regulador español (CNMV). El grupo ya controlaba en Chile el Banco de Chile y todo hacía suponer que se iniciaría una operación financiera de marca mayor en ambos mercados.

Con el paso de los meses, los Luksic aumentaron su peso, llegando al 6 de junio de ese año, un día antes de la liquidación del banco, a contar con una participación del 3,45%.

En su fallo del 22 de noviembre pasado, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España fijó en 2.277 millones de euros el perjuicio total a los miles de afectados que dejó el caso. Ese total corresponde a la responsabilidad civil para garantizar un eventual pago de indemnizaciones a los perjudicados, en caso de que la sentencia que se dicte tras la celebración del juicio oral sea condenatoria.

Esta es la primera vez que se conoce públicamente una cifra del perjuicio total que generó la caída del Popular, a la que el tribunal arribó después de un largo proceso de investigación por el que pasó toda la explana mayor del banco, así como siete aseguradoras, la auditora PwC, y el Banco Santander como “heredero” de la fallida institución, tras adquirir en un euro todos sus activos y pasivos.

Aeris Invest aparece liderando el caso, con una exigencia de indemnización por 217 millones de euros, porque en España cuando una misma reclamación judicial es perseguida por diferentes partes, estas son agrupadas en una sola.

Los Luksic solo piden recuperar sus 113 millones de euros iniciales de vuelta. Los otros 104 millones de euros corresponden a otros afectados.

Tras el fallo del 22 de noviembre ahora viene el juicio oral. La resolución del juez, José Luis Calama, contiene un requerimiento dirigido a las defensas para que presenten el “escrito de defensa” en el que deberán identificar los fundamentos de su estrategia y la prueba de la que intentarán valerse cuando llegue el juicio oral, cuya fecha no es posible de estimar todavía, ya que eso dependerá de la sala que corresponda por turno.

El caso del Banco Popular está listo para ser juzgado. Y los Luksic van por sus 113 millones de euros.

Con sede en Liechtenstein, Vallum Foundation (VF) es la sociedad dueña de Aeris Invest Sàrl, responsable de la inversión en el fallido Banco Popular de España. La entidad es una sociedad que reúne inversiones y filantropía de la familia Luksic, y en su cartera figura el negocio hotelero del grupo en Croacia -país de origen del clan- y varios edificios del holding repartidos por Europa.

VF es la principal accionista de Sutivan Investments Ansalt, que maneja el complejo turístico Plava Laguna, la cadena de villas y hoteles de lujo Adriatic Luxury Hotels y Excelsa Real Estate, que opera en el negocio inmobiliario y tiene la concesión del teleférico de Dubrovnik.

Desde 2011, Davor Luksic, uno de los cinco hijos de Andrónico Luksic Craig, quien se retiró de las compañías del grupo a fines del año pasado, está a cargo de los negocios en ese mercado.