Un listado de 12 de proyectos de inversión, que suman en total US$5.710 bajo consulta indígena ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -órgano técnico dependiente del Ministerio del Medio Ambiente-, quedarán en manos de la próxima administración que encabezará Gabriel Boric.

Se trata de iniciativas que buscan obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que corresponden, principalmente, a los sectores de energía y minería, luego que comunidades indígenas solicitaran el inicio del proceso de consulta en línea con el Convenio 169 de la OIT. El objetivo de este tipo de proceso es “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas -administrativas o legislativas- propuestas” por la autoridad.

En el listado -que elaboró Pulso a través de una revisión de la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- destaca el proyecto “Puerto Exterior de San Antonio”, cuyo titular es la Empresa Portuaria San Antonio, con una inversión de US$3.500 millones.

A este se suman tres proyectos de parques eólicos: Vientos del Pacífico, Newen Küruf y Rinconada, ubicados en la región del Biobío.

Algunos procesos resultan exitosos y otros culminan teniendo una compleja evolución, debido al mayor empoderamiento de las comunidades.

A modo de ejemplo, el 3 de diciembre de 2021, la compañía Acciona Energía, dueña del proyecto Parque Eólico Pichilingue, que pretendía instalar 40 aerogeneradores en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, presentó un desistimiento de la iniciativa que había ingresado en 2018 y 13 días después, el director Ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, puso término al proceso de consulta indígena.

Por otro lado, existen casos que han llegado a buen puerto, como el Parque Eólico Viento Sur de Arauco Bioenergía S.A, filial de Arauco del Grupo Angelini. El proyecto, que considera la construcción de un parque de generación de energía eólica compuesto por 43 aerogeneradores, obtuvo su RCA luego de casi tres años de tramitación.

El 22 de febrero de 2022 el SEA puso término a la consulta indígena con siete comunidades. El proceso se había iniciado mediante la Resolución Exenta N°179 del 30 de septiembre de 2019 y recientemente obtuvo su permiso de evaluación ambiental por parte del consejo evaluador del Gobierno Regional del Biobío.

El presidente de Puerto San Antonio, Raimundo Cruzat, explicó que “como empresa estatal nos parece muy valioso el desarrollo de la consulta indígena para la tramitación de proyectos como el Puerto Exterior. Tal como ha sido desde la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, Puerto San Antonio está comprometido con los procesos de participación ciudadana y de consulta indígena, de tal manera que estos sean representativos y transparentes”.

¿Cree Arauco que existe un mayor empoderamiento de parte de las comunidades, considerando que el impacto que tiene un proyecto eólico es menor en comparación con una termoeléctrica, por ejemplo?

“Efectivamente las comunidades están más sensibles y empoderadas ante la ejecución de distintos proyectos. En el caso de Viento Sur, se trata de un proyecto que responde a los nuevos estándares ambientales y sociales del país: fortalece la matriz energética, descarboniza, otorga seguridad y respaldo al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y, por otra parte, se trata de una iniciativa en la que tuvimos un largo proceso de diálogo y participación, que partió con una etapa voluntaria de participación anticipada, seguido del proceso formal de participación ciudadana y una consulta indígena de casi dos años y medio”, respondió Arauco.

En esa misma línea, el ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, sostuvo que “hay más participación y empoderamiento de las comunidades y es positivo, en la medida que las acciones se ejerzan con pleno respeto a nuestro ordenamiento jurídico, en definitiva, a nuestro Estado de Derecho. Velando por la institucionalidad, se permite el desarrollo de mejores proyectos, con verdadera sustentabilidad y sostenibilidad”.

Por su parte, el abogado, Alonso Barros, asesor de comunidades indígenas, sostuvo que el proceso de consulta es “muy desequilibrado”. “El tema central de la consulta indígena está vinculado a la carga de la prueba. Siempre hay una asimetría en los procesos de consulta, pero durante la segunda administración de Piñera, las asimetrías fueron mayores”, sostuvo.

En tanto, Paulina Riquelme, abogada especialista en derecho ambiental, socia de EELAW, destacó que “un tema pendiente es la consulta indígena en una Declaración de Impacto Ambiental, pues en la lógica del reglamento del SEIA vigente, sólo procede la consulta indígena en el SEIA en el caso de proyectos que ingresan al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental, asimilándose causales de ingreso por EIA a susceptibilidad de afectación”.